El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, le dio un plazo de cinco días al presidente de la Junta de Planificación (JP), Rubén Flores Marzán, para que someta a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte una certificación que indique con exactitud donde se pretende establecer una planta procesadora y de incineración de basura en Barceloneta.
La petición fue hecha en vistas públicas donde investigan los detalles del proceso de otorgación de permisos para la construcción de la Planta en unas 240 cuerdas de terreno del barrio Magüeyes de Barceloneta, propiedad de la Autoridad de Terrenos.
Durante el interrogatorio a Flores Marzán, trascendió que el pasado alcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanez, cambió la zonificación de unas 20 cuerdas del terreno de suelo rústico protegido a industrial liviano mediante la Ordenanza Municipal Num. 38, para obtener el permiso.
A tal efecto, fue cuestionado si la JP estaba a punto de emitir una certificación para la Planta dentro de esas 20 cuerdas. La vicepresidenta de la JP, María Gardillo, aclaró que el municipio nunca completó el proceso al someter la información incompleta.
Sin embargo, la funcionaria aportó que existen 20 cuerdas donde se pretendía levantar una Planta, pertenecientes a la compañía Air Master que fue quien presentó la solicitud de enmienda de los terrenos al municipio.
Surgió, además, que en los documentos de la JP y del municipio no coincidían los nombres de la finca, las cuerdas o la ubicación exacta donde se construiría la Planta, a pesar que el ex alcalde estaba considerando varios proyectos dentro de la misma.
“(Fontanez) quería llevar algunos proyectos, pero algunos de ellos los tenían por debajo del radar, como esta planta de gasificación para procesar basura para generar energía. Primero un funcionario de la JP (en una audiencia pública previa), dijo que los terrenos son protegidos y ahora el presidente de la JP me dice que hubo un error y que no son protegidos”, expresó Rodríguez Aguiló.
A tal efecto, insistió en la aclaración de los datos con información certificada de parte de la JP, al mismo tiempo que le facilitó a Flores Marzán revisarla “porque no estaba en su expediente”.
“Es necesario que la JP nos certifique de qué finca estamos hablando, que nos entreguen un mapa de la finca y la clasificación y calificación que están incluidas en las certificaciones”, concluyó Rodríguez Aguiló.
El representante fungió como presidente incidental de la Comisión que preside María Vega Pagán.
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