Dos versiones distintas sobre la categoría de los terrenos donde se pretende construir una incineradora de basura en Barceloneta. Eso fue lo que ofrecieron la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Junta de Planificación (JP) en sendas vistas públicas solicitadas, a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte, por el Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló.
En la primera de las vistas, celebrada el 27 de marzo de 2012, Edwin Otero, representante de la Junta de Planificación, sostuvo que para la fecha mencionada, los terrenos donde se pretende construir esta incineradora estaban considerados altamente protegidos por pertenecer a la zona del karso y además ser terrenos agrícolas.
Mientras, en una vista pública celebrada hoy, el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Pedro Nieves, indicó que esta agencia emitió una determinación de cumplimiento con la Ley de Política Pública Ambiental a través del análisis de una Resolución que indicaba que los terrenos donde se construirá la referida planta incineradora están considerados como industriales.
“Me preocupa sobremanera que esta Comisión posee, por parte de dos agencias, dos versiones distintas sobre la clasificación de los terrenos donde se pretende establecer esta empresa. Por esta razón, le requiero a la JCA que someta ante esta Comisión, los nombres de los componentes del Subcomité Interagancial que se encarga de estudiar estas resoluciones y otorgar el visto bueno ante la Consideración de la Junta de Gobierno de la JCA. Si cambiaron las clasificaciones del terreno, desde ese día hasta hoy, veremos cómo lo hicieron”, indicó Rodríguez Aguiló.
El vicepresidente cameral fue enfático al recalcar que es su responsabilidad velar por el bienestar e interés de quienes representa. “Los vecinos de esta comunidad no decidieron vivir en una zona industrial, ese no es el caso. Cada uno de ellos, reside en un área agrícola. Mi gran preocupación radica en que se le permita a una empresa construir su infraestructura en un terreno altamente protegido por pertenecer a la zona del karso”, añadió el legislador.
En la vista trascendió además que la JCA, a través de la Declaración de Impacto ambiental, no ha emitido un endoso ni permiso a la construcción de la incineradora, sino una determinación de cumplimiento con las exigencias de Ley de Política Pública Ambiental.
Rodríguez Aguiló había radicado una medida que obligaba a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte investigar el impacto para la comunidad que supondría el establecimiento de esta planta y los estudios realizados previo a la otorgación de los permisos para, en un término de 90 días, presentar un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
You must be logged in to post a comment Login