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Policías podrían recibir educación continua fuera de la Academia

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó tres piezas legislativas para permitir que los agentes del orden público estatal y municipal y los oficiales de custodia puedan cumplir sus horas de educación continua en instituciones públicas o privadas debidamente licenciadas y acreditadas.

Los proyectos del Senado 2673 y 2675 fueron favorecidos hoy en audiencia pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, que preside el senador Roger Iglesias Suárez por el superintendente asociado de la Policía de Puerto Rico José Rivera Díaz.

Asimismo, el funcionario destacó que la Agencia adoptó una nueva política sobre el uso de la fuerza y armas de impacto. De hecho, indicó, el Colegio de Justicia Criminal ha adiestrado a alrededor de 15,000 miembros de la fuerza policiaca.

Mientras, el Departamento de Corrección y Rehabilitación endosó el P. del S. 2676, que enmienda la ley pertinente para los oficiales de custodia.

Sobre el Proyecto del Senado 2673, que permite que los policías estatales tomen cursos de educación continuada en instituciones educativas superiores de públicas o privadas, Rivera Díaz informó la Agencia adiestra y readiestra a los agentes del orden público con cursos de ética, manejo y control de la fuerza y destrezas de defensa personal que “eviten o minimicen los daños hacia los ciudadanos intervenidos”. También, en funciones del trabajo policial, estándares de la fuerza, corrupción, derechos penales aplicables, humanos y civiles.

Sin embargo, apoyó el procedimiento de notificación a los policías para que cumplan con las horas requisito e informen a la Agencia cada tres meses los cursos de educación continua aprobada. De los agentes del orden público incumplir con lo establecido serán citados a vistas administrativas informales en donde se pueden aplicar desde amonestaciones escritas hasta destitución.

“Nuestro apoyo a dichas enmiendas obedece a reiterar el hecho de que debemos ser firmes en hacer cumplir a nuestros agentes del orden publico con la política pública de adiestramientos contempladas. Esto, porque redundará en su propio beneficio, así como el trato que debe tener el policía con la ciudadanía, ante su obligación de compeler el cumplimiento de las leyes que conforman nuestro Estado de Derecho”, sostuvo Rivera Díaz quien fue representado por la licenciada Estrella Mar Vega.

Mientras tanto, la rectora del Colegio de Justicia Criminal Zulma Méndez Ferrer detalló que en la Escuela de Investigación Criminal desde el 2010 hasta el presente se han adiestrado a 13,086 personas “la mayoría impactadas por los adiestramientos suministrados por miembros de la fuerza”. De otro lado, 11,693 agentes del orden público, han sido readiestrados desde el 2010 en el programa de Educacion Continua incluyendo el manejo de emociones y derechos civiles, análisis de reconstrucción de escenas, tendencias actuales en drogas, manejo de respuestas operacionales entre otros.

El senador Iglesias Suárez sostuvo que sería una “herramienta adicional para el Superintendente porque no tan solo los vamos a re adiestrar sino que también tendríamos un recurso adicional. Si las herramientas que tenemos de instrucción no resultaran, bien sea porque el Colegio está lleno, se podrían utilizar inclusive recursos privados”.

En lo que respecta al Proyecto del Senado 2675, que propone educación continuada a policías municipales en cualquier universidad pública o privada licenciada por el Consejo de Educacion Superior y acreditadas por la “Middle States Commission on Higher Education”, el Superintendente Asociado propuso que los agentes del orden público municipal tomen los cursos de ética, derechos penales aplicables, civiles y humanos en instituciones superiores públicas o privadas porque “se circunscriben a educación continua, no a su formación como policía municipal como tal”.

De otro lado, el secretario de Corrección, Jesús González Cruz, favoreció en documento escrito el Proyecto del Senado 2676, radicado por Rivera Schatz, que enmienda el Plan de Reorganización 2 para que los 5,283 oficiales correccionales y 839 oficiales de servicios juveniles de la Agencia, puedan tomar cursos de educación continua en universidades del Estado o privadas debidamente licenciadas y acreditadas. Por el costo que pudiese implicar, González Cruz sugirió que se asigne el “presupuesto necesario” para establecer acuerdos con las instituciones y que estas “puedan ofrecer cursos a través de nuestra Academia Ramos y Morales”.

Ante esto, el Presidente de la Comisión sostuvo que “al final del proceso la facultad recae en el Secretario”.

A la audiencia pública fue citada la Asociación de Alcaldes pero no compareció ni presentó excusa alguna.

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