Gobierno rechaza acusaciones de uso de fondos públicos para encuestas políticas

El secretario de la Gobernación, Miguel Romero, rechazó las acusaciones realizadas por el secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Víctor Suárez, y el representante, Jaime Perelló, y las catalogó como “falsas y carentes de sustancia”, al reiterar que “las mismas son parte de una estrategia de corte político partidista que no tiene fundamento alguno”.

“Nuevamente el Partido de oposición trata de lanzar lodo y manchar la labor que el Gobierno realiza para buscar ventaja política con engaños. Es total y absolutamente falso que esta Administración esté usando fondos públicos para realizar encuestas de carácter político. Esto es un refrito que lo único que busca es mal informar y confundir a la ciudadanía con politiquería”, sentenció el Secretario.

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Asimismo el Secretario de la Gobernación manifestó que “estas acciones solo muestran la falta de veracidad en las alegaciones ante asuntos serios. Desde el 2010, el gobierno anunció que, cumpliendo con la Ley Núm. 33 de 2 de abril de 2008, se estarían realizando evaluaciones de los servicios a los ciudadanos. Las contrataciones de servicios para realizar esas evaluaciones fueron anunciadas públicamente y hasta reseñadas por la prensa hace más de dos años. El propósito de la contratación y del programa de monitoreo fue ampliamente discutido en la prensa. Por tanto, la contratación de una de las firmas de mayor reputación en Puerto Rico en medición de servicios y mercadeo no es una noticia nueva o un secreto”.

Romero reiteró que la Ley Núm. 33 de 2 de abril de 2008, según enmendada, obliga a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a establecer un programa de monitoreo de calidad en el servicio público para evaluar los servicios que se presta a los ciudadanos por las agencias del gobierno. La ley, aprobada y firmada por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, dictamina que OGP será la agencia responsable de evaluar los programas de monitoreo de calidad en el servicio público y determinar la efectividad, eficiencia y calidad de las medidas adoptadas por las agencias del gobierno.