La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, informó hoy que tras un esfuerzo de cabildeo en Washington con el Departamento de Trabajo federal, obtuvo una asignación de $43 millones en beneficios de desempleo, específicamente para personas víctimas de violencia doméstica o que están a cargo de pacientes encamados y tienen que abandonar su empleo lo que no les permite generar ingresos.
En vista pública de la Comisión de Hacienda, que preside Antonio Silva Delgado, la líder cameral señaló que “luego de reuniones con el Departamento del Trabajo federal y con ustedes acá, la mayoría radicamos unos proyectos que se aprobaron, que a mi juicio y según la información del Departamento a nivel federal pudieran localizar $43 millones en Puerto Rico por primera vez”.
Indicó que con estos fondos se amplían “los beneficios de desempleo en distintas categorías incluyendo a aquellas personas víctimas de violencia doméstica y otras categorías; que no necesariamente significa que las personas no tienen ningún tipo de empleo, sino que son oportunidades adicionales de darles un incentivo para que nuestra gente eche pa’lante”. Anteriormente, estas personas no recibían estos beneficios.
El secretario del Departamento del Trabajo, Miguel Romero, coincidió con la líder cameral al afirmar que con la Ley 191 de 2011 “se logró que recibiéramos una notificación de asignación de fondos el 19 de septiembre de 2011, y cuya aplicabilidad es desde enero de este año hasta diciembre. Se comenzó el año pasado un proceso de adiestramiento a todos los funcionarios de las 14 oficinas locales sobre los nuevos requisitos de elegibilidad, para evitar que víctimas de violencia doméstica, personas que están cuidando un familiar, personas que por razones muy particulares están sólo disponibles para aceptar un empleo a jornada parcial, no fuesen afectados sino que les aplicara la nueva ley”.
A preguntas de González Colón, sobre la necesidad de legislación local adicional para competir por nuevos fondos federales, Romero manifestó que en la actualidad se discute en el Congreso “el proceso de reautorización de los fondos Workforce Investment Act (WIA); hay una sesión de ‘mark-up’ donde va a depender finalmente qué vaya a presentarse en el Congreso”.
“Hay una legislación presentada que provee también para aumentar la cantidad de fondos disponibles a través de la reserva estatal”, añadió.
Señaló que “una vez nosotros tengamos la determinación final y la declaración que emite el gobierno federal, estaremos en posición, como estuvimos la otra vez, de ver si hay algún cambio adicional en términos legislativos federales”
Aseguró que “nosotros estamos muy pendientes; estamos llevando a cabo un trabajo bien de cerca con la Administración Federal de Puerto Rico en Washington D. C. (PRFAA), a quienes hemos visitando constantemente. Recientemente tuvimos una sesión de trabajo con funcionarios de alta gerencia del Departamento del Trabajo federal, así que tan pronto nosotros sepamos finalmente en qué programas adicionales podemos participar, si hay alguno que no tengamos los mecanismos administrativos para poder competir, probablemente se va a pedir, como se ha hecho anteriormente, que la Asamblea Legislativa tome acción”.
Por su parte, González Colón enfatizó que “la idea es que por técnica legislativa no perdamos la oportunidad de competir contra fondos que reciban otros estados y en ese sentido obviamente siendo ésta la última sesión a menos que el Gobernador convoque una extraordinaria, por razón de ser año electoral, nos gustaría poder dejar el marco de la ley más flexible posible para que pudiéramos competir por esos fondos”.
Este intercambio se produjo durante el análisis del presupuesto del Departamento que asciende a $131.2 millones el cual es $3.7 millones menor al vigente, debido principalmente a la implementación de la Ley 70-2010 de Retiro voluntario, específicamente de los empleados elegibles de las extintas Administración de Derecho de Trabajo (ADT) y Administración de Adiestramiento de Futuros Empresarios (AAFET).
Romero aseguró que con este presupuesto, se podrá administrar la política pública laboral, principalmente a la disciplina fiscal que se ha ejercido durante la presente administración.
El secretario señaló que a pesar de que ha comenzado un repunte en la economía de la isla, y se ha detenido la pérdida de empleos, es necesario ser consistentes en las medidas de control de gastos para que continúe la mejoría.
Ante ello, Silva Delgado mencionó que “las casas acreditadoras de Estados Unidos en Puerto Rico han señalado que mantienen en perspectiva, pero estable, el crédito del gobierno de Puerto Rico, lo que señalan es que ellos van a seguir mirando; si cambia la administración si esas reglas se mantienen, porque si no se mantienen podrían degradarnos los bonos, así que eso es algo que ha señalado estas entidades Standard’s & Poor’s y Moody’s.
El legislador informó que esta información es parte de documentos que fueron recibidos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) recientemente.
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