PIP advierte sobre crisis fiscal

Los candidatos a la gobernación y a la comisaría residente en Washington del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau y Juan Manuel Mercado, respectivamente, advirtieron hoy que los recortes aprobados por el Congreso de los Estados Unidos agudizarán la crisis en las finanzas públicas del gobierno de Puerto Rico. Además, acusaron a la administración de Luis Fortuño de esconder esta realidad y de actuar irresponsablemente al mantener una conducta que catalogaron como de despilfarro y francachela que a quien único beneficia es su grupo de allegados.

“De acuerdo al Centro para la Nueva Economía los gastos federales en educación, vivienda, y carreteras, entre otros, podrían verse reducidos en más de 7% en el 2013, el 2014, y el 2015. Si los fondos federales que recibe Puerto Rico ascienden a alrededor de $7 mil millones y el recorte es de 7%, se deben perder alrededor de $500 millones de dólares al año”, indicó Juan Mercado.

Mercado señaló además que la merma en el censo del 2010 ha reducido los fondos federales enviados a Puerto Rico, incluyendo a municipios, agencias y entidades. “A modo de ejemplo, la Corporación de Servicios Legales va a perder un 32% de los fondos federales que recibe. Igual pasa con la falta de recurrencia de fondos ARRA que han sido utilizados para mitigar efectos del déficit presupuestario.”

También advirtió la posible pérdida de $109,500,000 en el Presupuesto del Departamento de Educación. “Para el AF2012 el presupuesto de esta agencia es de $3,800,000,000, de los cuales $1,404,000,000, es decir un 37% son fondos federales. Una reducción de 7.8% en el 2013 sería igual a unos $109,500,000.”

Juan Dalmau añadió que esta situación se agrava si se toma en consideración que el Sistema de Retiro solamente tiene fondos hasta el 2019. Para el 2020, el Sistema solamente puede pagar 47% de sus obligaciones y para el 2029 un 30% de sus obligaciones. En el 2007 tenía 176,000 participantes y alrededor de 90,000 beneficiarios.

“Ante la posible pérdida en los próximos años de $1500 millones y ante la realidad de un plan de retiro al borde de la insolvencia, sería irresponsable no tomar medidas para mitigar el efecto de esta emergencia fiscal”, puntualizó el candidato a la gobernación del PIP.

Para hacer frente a esta situación propusieron: reducir al mínimo la contratación de servicios profesionales y establecer un tope a los mismos; adoptar legislación para limitar el número de asesores y establecer requisitos de preparación y experiencia; restringir el uso de tarjetas de crédito en las agencias y corporaciones públicas; extender la veda electoral durante los cuatro años; limitar la flota de vehículos del gobierno y solamente comprar autos híbridos o de poco consumo de gasolina; re-estructurar de las tasas contributivas aplicables a las empresas que cualifican para incentivos contributivos de manera que paguen – como máximo una tasa de 10% – sobre su ingreso neto de operaciones y que paguen no menos de 5%; re-establecer la tasa de 15% sobre el pago de regalías por el uso de licencias y patentes a las casas matrices. Esta es una contribución que puede reclamar como deducción lo que paga la casa matriz en su país cede y crear la Junta de Fiscalización de Actividades Privatizadas por el Gobierno a los fines apoyar la gestión de la Oficina del Contralor en la evaluación del cumplimiento contractual, el control de gastos, la eficiencia y el beneficio real al interés público de los diversos servicios que han sido privatizados por los gobiernos populares y penepés en Puerto Rico.