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Advierten nuevas regulaciones provocarán alza en precio del pollo

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (“MIDA”) y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) reiteraron nuevamente su oposición al Proyecto del Senado 2520 aprobado ayer en el Senado de Puerto Rico, que crearía la Oficina de Inspección de Carne de Pollo y sus Productos Derivados de Puerto Rico, una burocracia adicional para regular y fiscalizar un sector comercial que ya está ampliamente regulado y fiscalizado tanto a nivel local como federal.

“Nadie se opone a que se proteja la salud del consumidor, pero esta medida es un subterfugio para poner el control de todo un sector comercial en manos de una Junta que estaría controlada por un grupo que pretende auto-regularse, lo cual representa un claro conflicto de interés en perjuicio del consumidor. Precisamente para evitar conflictos y velar por los intereses del consumidor, las facultades reglamentarias deben estar en manos del sector público, como ocurre actualmente, o de personas sin interés comercial en el área que se busca regular. De su faz esta legislación provocaría un impedimento para lograr una fiscalización objetiva e imparcial”, comentó el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes.

El presidente de ASORE, Humberto Rovira, explicó que actualmente existen cuatro organismos gubernamentales a nivel federal y local que regulan y fiscalizan la producción, elaboración e importación de la carne de pollo en protección del consumidor: el Departamento de Agricultura federal (USDA), y los departamentos de Agricultura, de Asuntos del Consumidor y de Salud del gobierno de Puerto Rico. Señaló, además, que nadie ha escuchado en el país, ni se presentó evidencia durante el proceso de vistas públicas, de la existencia de querellas o problemas de salud del público por el consumo de pollo.

El portavoz de ASORE le hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que no dé paso a la medida aprobada en el Senado, que sólo creará más burocracia. “Esta medida es mala para el consumidor, y el público debería exigir más información al respecto. Cabe preguntarse si en efecto lo que busca esta ley es proteger al consumidor o si hay otros intereses envueltos. Claramente no hace falta otro ente regulador”, destacó Rovira.

Lo que se busca realmente con la medida, y así lo ha expresado públicamente su autor, es que algunos productores locales que no pueden competir por precio, puedan limitar la competencia y disponibilidad del producto. Esto sólo puede traducirse en que al final de la cadena los precios para nuestros consumidores se verán afectados.

MIDA y ASORE alertaron que el efecto de esta ley bien pudiera ser restringir la disponibilidad de pollo fresco, lo que resultaría en un perjuicio al consumidor quien al final del día debería tener el derecho de elegir entre la más amplia variedad de productos a los mejores precios.

“Es importante que Puerto Rico cuente con un mercado competitivo. Existe una amplia demanda de pollo fresco en la Isla y amplias oportunidades para la competencia de manera justa en el mismo terreno y poder ofrecerle al consumidor productos de diversos precios y de la más alta calidad posible”, dijo Reyes.

Reyes recordó que una medida similar, el P. del S. 2281, recibió una oposición de la inmensa mayoría de las organizaciones empresariales el año pasado por atentar contra la libre competencia y tener el efecto de encarecer un producto que es parte esencial de la dieta puertorriqueña.

Toda la industria y las organizaciones envueltas se oponen a la supuesta práctica denunciada mediante la cual alegadamente algunos comerciantes particulares congelan pollo fresco y luego lo descongelan para venderlo como fresco. Expresaron tajantemente que las organizaciones que éstos representan ni apoyan ni incurren en esa práctica.

“Estamos de acuerdo con aquellos esfuerzos que estén legítimamente dirigidos a garantizar que todo el pollo que se ofrezca en el mercado puertorriqueño como fresco, ya sea importado o local, sea en efecto fresco y cumpla con las leyes y reglamentos federales y estatales que ya existen para beneficio y protección del consumidor. Pero estamos en contra de medidas para proteger intereses o empresas particulares que tengan como efecto perjudicar al consumidor limitando la variedad y encareciendo el producto, que es lo que resultaría de esta legislación aprobada en el Senado”, concluyó Rovira.

Al grupo se unió el Centro Unido de Detallistas con las siguientes expresiones: “Lo propuesto en el proyecto del Senado 2520 representa una duplicidad de esfuerzos y recursos. La industria del pollo es una altamente regulada y al presente fiscalizada por 4 distintas dependencias, tanto a nivel local como federal. La creación de una quinta agencia fiscalizadora del producto no tiene justificación ni fundamento razonable alguno. Más allá, lo propuesto conflige con la política pública del Gobierno de maximizar los recursos y minimizar la duplicidad de gestiones y funciones en el gobierno. El objetivo que se percibe detrás de la medida es el integrar a un grupo del renglón de la cadena de producción del producto en la Junta de Directores a cargo de la Oficina fiscalizadora propuesta. Esto representa un craso conflicto de interés ya que esta Junta estará a cargo de establecer la política pública que regirá a toda una industria, además de velar por la fiscalización adecuada del producto. De otro lado, las facultades conferidas a la Oficina propuesta inciden directamente con las facultades reguladoras de la Oficina del Food Safety and Inspection Service, adscrita al USDA y a cargo de la fiscalización del producto en Puerto Rico a nivel federal.”

El CUD finalizó exponiendo que las justificaciones planteadas en la medida de falta de personal en las agencias para llevar a cabo una fiscalización óptima no es compatible con lo propuesto en el proyecto. La alegación de una falta de recursos y personal en las agencias de gobierno, a cargo de la fiscalización, no puede resolverse con la creación de un andamiaje fiscalizador, adicional a los ya existentes.

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