Aunque el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), reconoció hoy la intención de una medida que propone que ese organismo establezca programas de educación escolar, vocacional y superior para todos los confinados, advirtió que no se puede perder de perspectiva que esa entidad es una agencia de seguridad que tiene bajo su custodia confinadas y confinados extremadamente peligrosos.
En audiencia de la Comisión de Gobierno de la Cámara, presidida por José Chico Vega, el sub administrador de Corrección, Lcdo. Esdrás Vélez, planteó que es necesario distinguir lo que es la educación académica y la vocacional.
“No podemos poner restricciones a la educación académica, pero cuando se habla de educación vocacional, tenemos que pensar en la seguridad de la población correccional, de los empleados y del mismo confinado”, planteó.
El funcionario explicó que el CDR tiene confinados en custodia máxima que tienen tendencias suicidas, por lo que no se les puede poner en un taller vocacional donde se puedan hacer daño a ellos mismos o a otros.
Vélez dijo que la agencia es responsable de proveer a la población correccional programas de estudio y trabajo que los habiliten para su regreso a la libre comunidad. Afirmó que prestan particular atención a los jóvenes transgresores.
El letrado manifestó que a marzo de 2012, contaban con una matrícula total de 1,241 confinados y confinadas bajo el Programa Educativo a Jornada Regular y 1, 874 reclusos y reclusas bajo el programa Educativo a Jornada Parcial.
Por su parte, un total de 1,749 confinados y confinadas están matriculados en cursos vocacionales.
Mientras, el Departamento de Educación (DE), favoreció la propuesta por considerar que propone un modelo educativo para la población institucionalizada dirigido a promover la rehabilitación social del individuo y su re-inserción a la comunidad como persona productiva y útil.
El coordinador de Servicios Psicológicos del DE, Dr. Adalberto Santa, señaló que la educación en facilidades correccionales requiere de maestros debidamente adiestrados para que éstos puedan ofrecer sus clases como es apropiado.
Opinó que la educación tradicional que se imparte en las instituciones del DCR, no responde a las necesidades educativas que tienen los jóvenes transgresores y confinados.
“El enseñar a jóvenes y adultos institucionalizados y confinados requiere de actividades que involucren la innovación para interesar a los educandos, no solamente en aprender, sino en el trascender en ese proceso de enseñanza y aprendizaje”, planteó Santa.
Sostuvo que el establecimiento de cualquier modelo de rehabilitación del confinado debe tener el insumo de las agencias e instituciones gubernamentales que ofrecerán servicios planificados e integrales como lo son el DE, la Universidad de Puerto Rico y el Consejo de Educación.
La comisión analiza el proyecto que establece la obligatoriedad del Departamento de Corrección y Rehabilitación de establecer programas de educación escolar, vocacional y superior para toda la población sentenciada, sin importar la clasificación de custodia del confinado o confinada o el menor transgresor, que interese participar; autorizar a las instituciones de educación básica y superior debidamente licenciados para operar que ofrezcan sus servicios dentro de los correccionales (P. de la C. 3824).
La medida de la representante María Vega Pagán, procura que se establezcan programas de educación escolar, vocacional y superior, para que impacte a toda la población sentenciada, sin importar la clasificación de custodia del confinado o confinada o el menor transgresor, que interese participar.
Además, dispone que el Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá entrar en acuerdos colaborativos con instituciones de educación básica y superior, debidamente licenciados para operar, para que éstos ofrezcan sus servicios dentro de los correccionales. Igualmente, se autoriza al Departamento a entrar en acuerdos con las antes referidas instituciones para que éstas puedan ofrecer servicios educativos a los confinados y confinadas a modo de prácticas y laboratorios para sus estudiantes.
.De acuerdo a Vega Pagán, el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de fomentar, garantizar la educación y promover la diversidad educativa que se ofrece a los ciudadanos en todos los niveles, en especial, a toda la población sentenciada, sin importar la clasificación de custodia del confinado o confinada o el menor transgresor.
“Se hace imprescindible dotar a la población sentenciada de Puerto Rico con las mismas oportunidades educativas a las que tienen el privilegio de acceder los demás ciudadanos en Puerto Rico”, afirmó la representante.
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