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Aumentan las fianzas en crímenes violentos

La Cámara de Representantes aprobó hoy cuatro medidas a favor de la seguridad pública incluida una que establece la “Ley para Protección Ciudadana contra Crímenes Violentos en Puerto Rico”, para que a toda persona imputada de delito grave de primer grado o delito grave de segundo grado, según dispone el Código Penal, se le imponga una fianza no menor de $75,000.00 por cada cargo imputado (P. de la C. 3753).

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La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Liza Fernández, instó a la minoría a no “politiquear con la seguridad del pueblo, con los delitos y con el crimen, unámonos en un frente común por el bienestar del pueblo», durante la discusión de medidas dirigidas a combatir la criminalidad.

El proyecto de la autoría del representante Enrique Meléndez Ortiz, que recibió 38 votos a favor y 11 en contra, dispone también, que estará sujeta a fianza de $250 mil toda persona acusada de asesinato, homicidio negligente imputado por una muerte ocasionada al conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas; utilización de un menor para pornografía infantil y agresión sexual, según definida en el Código Penal.

Esta cantidad también será aplicada en cargos como secuestro; secuestro agravado; secuestro de menores; violación a la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, sobre distribución a personas menores de 18 años y sobre introducción de drogas en las escuelas e instituciones, respectivamente. Además, se someterá a dicha fianza a todo persona imputada de violación a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conspiración para cometer un delito grave de primer o segundo grado y/o cualesquiera de los delitos enumerados en esa ley; por cada cargo imputado.

De igual modo, se refrendó un proyecto de Administración que enmienda la Regla 228 de las de Procedimiento Criminal, para disponer que, en caso de incumplimiento con ciertas condiciones de la fianza impuesta, y cuando se imputen los delitos especificados, el Tribunal ordenará el arresto del imputado, revocará la fianza y ordenará su encarcelamiento hasta que se emita el fallo correspondiente, sujeto a los términos de juicio rápido (P. de la C. 3871). La misma recibió una votación de 38 votos a favor y 11 en contra.

A su vez, se acordó enmendar las Reglas 23, 95 y 95 B de las de Procedimiento Criminal, para establecer nuevas condiciones que regirán el descubrimiento de prueba y la evidencia a presentarse en la vista preliminar (P. de la C. 3873). Esta medida fue refrendada con 34 votos a favor y 15 en contra.

Asimismo, se consintió a otra medida de Administración que enmienda la “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, para facultar a los oficiales correccionales a gestionar, por sí o en coordinación con funcionarios del orden público, el arresto inmediato de aquellos probandos que violenten las condiciones impuestas para la libertad a prueba. La pieza elimina el requisito de la vista ex parte sobre determinación de revocación de la libertad a prueba, y reservar su celebración para aquellas circunstancias en que, habiendo ponderado las circunstancias del caso, el Ministerio Público lo considere necesario (P. de la C. 3874). El proyecto recibió 38 votos a favor y 11 en contra.

Durante la discusión de las iniciativas, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Liza Fernández, señaló que en ninguna de ellas “se les está quitando el derecho a la fianza, simplemente se le está imponiendo una responsabilidad que tienen que cumplir. Aquí lo que se está estableciendo es que quien viole la ley, la oportunidad, las condiciones de su fianza, va a ser ingresado automáticamente”.

“Esos derechos sí se pueden limitar, sí se pueden aprobar leyes para proteger vida, bienestar y propiedad, es la facultad que le dieron los padres de la Constitución en cuanto a esos derechos”, planteó Fernández.

“Déjemos de politiquear con la seguridad del pueblo, con los delitos y con el crimen, unámonos en un frente común por el bienestar del pueblo», añadió Fernández.

Por su parte, Jorge Colberg Toro respaldó dos de los proyectos con enmiendas.

A renglón seguido, se le dio paso a una enmienda a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a fin de disponer que constituirá un delito menos grave el cobro en exceso del precio establecido por las inspecciones periódicas de vehículos de motor. (P. de la C. 3344)

La medida, de la autoría del representante Ángel Bulerín Ramos, recibió 34 votos a favor y cinco en contra votos a favor, y establece que las personas que simule estar autorizada para operar una estación de inspección de vehículos de motor y certificare haber inspeccionado un vehículo sin estar debidamente autorizado para ello por el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) incurrirá en delito menos grave y será sancionada con un multa de $5 mil.

Mientras que cualquier dueño, administrador o empleado de un centro oficial de inspección que cobre en exceso al precio que establece esta ley por las inspecciones incurrirá menos grave con una multa no mayor de $500.

A su vez, se avaló la R. C. de la C. 1355 para ordenar la transferencia por el valor nominal de $1.00 la antigua Armería de la Guardia Nacional y un terreno ubicado en el barrio Chupacallos en Ceiba, al municipio de Ceiba. La medida de la autoría del portavoz de mayoría, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, recibió – votos a favor.

Asimismo, se le dio paso a tres resoluciones para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la transferencia libre de costo de terrenos ubicados en Guayanilla y Maricao a sus respectivos gobiernos municipales.

De otro lado, se dio por recibido un cuarto informe parcial de la Comisión de Seguridad Pública en torno al funcionamiento de las entidades gubernamentales que forman parte de las agencias de seguridad pública, en específico sobre los que encargadas de puertos y aeropuertos.

Sobre la Autoridad de los Puertos, el informe señala que la misma “se mantiene al día en cuanto a los sistemas de informática y equipos electrónicos relacionados con la seguridad y operaciones de los aeropuertos Luis Muñoz Marín de Carolina y Rafael Hernández de Aguadilla.

“El plan de inversiones y las nuevas estrategias presentadas por el gobierno de Puerto Rico, como las Alianzas Público Privadas superarán expectativas anteriores, reflejando un sólido compromiso de crecimiento y de apoyo a la industria de la transportación y del comercio.

Asimismo, se rindió el informe final en torno a un estudio sobre el estado procesal de en que se encuentra la entrega de la residencias construidas bajo el Programa de Hogar Seguro, en el sector Arenal del barrio Higuillar para los residentes del sector El Cano y Villa 200 en el municipio de Dorado.

El estudio encomendado por la representante María Vega Pagán. Concluye que los trabajos para la construcción de 327 unidades se realizarán en tres etapas de las cuales ya se han entregado en el 2011 unas 92 viviendas.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el jueves, 26 de abril de 2012, a las 11 de la mañana.

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