La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González acusó al gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) de intentar utilizar a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) como chivo espiatorio, esto según dijo, para disfrazar los “toallazos” de su administración. “Hacen un referido flojo al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) para luego cuestionar su determinación”, expresó.
“Mientras al ‘amigo del alma’ lo llenaron de contratos, hoy, le desestiman todos los cargos, no le dan una multa pero le radican un FEI a una juez que bajo la administración pasada trabajó aspectos relacionados con esa organización sin fines de lucro”, dijo González al señalar que hoy precisamente sale de la judicatura Sonia Ivette Vélez ante múltiples señalamientos.
“Han traído este asunto flojo, que ya ha sido adjudicado en el pasado para desviar la atención además de la expulsión del Sistema del 911 de Roberto Fuentes ante serios señalamientos. Este referido del actual Secretario de Justicia no es otra cosa que lo mismo que hizo la hoy jueza del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez, cuando fue Secretaria de Justicia en el 2003 y no prosperó. No es otra cosa que un interés reiterado de la administración popular en contra de LULAC donde participan líderes y delegados de ambos partidos locales”, acotó.
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La legisladora novoprogresista sostuvo, que LULAC no solo es la más reconocida y respetada organización dedicada a la defensa de los derechos civiles y el bienestar de los latinos y sus comunidades en todo Estados Unidos, sino que también recibe a miembros de todas las ideológicas políticas.
González señaló que en el pasado cuatrienio, LULAC fue una gran herramienta para allegar a Puerto Rico fondos producto de la Ley de Reinversión Estímulo Económico (fondos ARRA) e incluir a la Isla en el Obamacare.
Sus siglas en inglés significan “League of United Latin American Citizens” (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos). Fue fundada en 1929 por un grupo de americanos de origen mejicano que entendieron la necesidad de la defensa legal y la acción política coordinada de sus comunidades para promover su integración efectiva al resto de la sociedad y el sistema político americano, sus derechos y beneficios.
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