Proyecto busca extender derechos de acumulación de días por vacaciones y enfermedad a empleados a tiempo parcial.
El senador y autor de la medida, Luis Daniel Rivera (PPD) expresó que “lo que buscamos con esta legislación es hacer justicia laboral a esos empleados a tiempo parcial y extenderle un beneficio que tienen algunos empleados”.
Durante el día de hoy miércoles, continuó el proceso de evaluación del Proyecto del Senado 1239 que busca enmendar la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, “para disponer que todo trabajador que forme parte de una plantilla de 250 trabajadores o más, tendrá derecho a los beneficios de acumulación de días de vacaciones y de licencia por enfermedad”. Actualmente, empleados a tiempo parcial que trabajan menos de 28 horas semanales no disfrutan de dichos beneficios, a diferencia de los que superan dicha cantidad.
La Compañía de Comercio y Exportación (CCE) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) solicitaron un estudio cabal que evalúe si un aumento en beneficios marginales al trabajador a tiempo parcial es cónsono con las necesidades de los trabajadores y la realidad económica de las empresas involucradas, incluyendo si estas pueden absorber el aumento y los costos relacionados sin poner en riesgo la solvencia de las empresas.
“El estudio que recomendamos, el cual también recomienda el Departamento del Trabajo, resulta aún más importante en vista de que hay otros proyectos de ley pendientes que proponen de formas distintas aumentar la compensación mínima de los trabajadores y extender el derecho a la acumulación de licencia de vacaciones y enfermedad a empleados que hoy no lo tienen” expresó el director ejecutivo de la CCE, Francisco Chévere en las vistas públicas de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado que preside el senador Luis Daniel Rivera (PPD).
Por su parte la Procuradora del Trabajo, Dimarie Méndez dijo que “es imperativo y necesario, el que se estudie si las industrias involucradas pueden absorber los costos relacionados al mencionado beneficio”.
El senador Rivera cuestionó quién podría llevar a cabo el estudio propuesto por las agencias deponentes.
“Debería ser un estudio que realice un economista, tanto el ejecutivo como en el legislativo hay asesores económicos que pueden hacer ese estudio, otra alternativa es la Junta de Planificación que es el ente gubernamental a cargo de compilar los datos de desarrollo económico en en Puerto Rico” sugirió Chévere.
En tanto, Chévere reconoció que la medida proveería protección a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que forman parte de “nuestro motor económico y carecen del mismo poder económico que una empresa de mayor tamaño. Ni Comercio y Exportación ni el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio se oponen a esta medida, lo que estamos diciendo es que el momento histórico que estamos viviendo ahora mismo, hay que evaluar bien la implementación de una legislación como esta”. Según Comercio y Exportación, el 90% de las empresas en Puerto Rico son PyMEs.
El senador Luis Daniel Rivera, quien es el autor de la medida, aseguró sobre el fin de la pieza legislativa, “lo que buscamos con esta legislación es hacer justicia laboral a esos empleados a tiempo parcial y extenderle un beneficio que tienen algunos empleados, yo conozco historias donde hay funcionarios de Recursos Humanos con una tabla llevando esa contabilidad sagrada y cuyo propósito es asegurarse de que en la empresa nadie trabaje más de 114 horas el mes. Lo que queremos es cerrar esa brecha y que se acabe ese abuso”.
Por otro lado el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, reconoció que el fin legislativo propuesto es “uno legítimo”. Además, Miranda alertó que no existe una ley que defina específicamente el concepto de empleado parcial en Puerto Rico. “De las fuentes consultadas, no pudimos identificar en Puerto Rico, ni en el ámbito federal, que definan o regulen expresamente los derechos y la relación obrero patronal de los empleados a tiempo parcial” afirmó Miranda en su ponencia leída por Huldalí Figueroa, abogada de legislación de Justicia.
La Procuradora del Ciudadano (OMBUDSMAN) Iris Miriam Ruiz, favoreció en su ponencia escrita el P. del S. 1239 aunque sugirió algunas enmiendas técnicas.
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