El Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó hoy una resolución de repudio a los alegados abusos, persecución política y presunta perversión del sistema de justicia criminal por parte de la administración del gobernador Alejandro García Padilla (PPD).
Además, “todo aquel empleado o funcionario público que incurra en dicha practica, será procesado bajo nuestra administración y enfrentará todo el peso que la ley estatal y federal impone a tan reprochable conducta”, lee la resolución.
El directorio del PNP denunció que “ante el evidente fracaso de su gobierno en todos los frentes, el Partido Popular recurre a su repetida estrategia política de lanzar imputaciones y presentar referidos y acusaciones, con el fin de esconder los desmadres de su gobierno. Lo vimos con el infame Comité Blue Ribbon y lo hemos visto repetidamente cada vez que gobiernan; de hecho, con ese nuevo referido al Fiscal Especial Independiente, ésta es la tercera investigación relacionada a LULAC que intenta encaminar el Partido Popular desde el año 2000”.
“El patrón de la administración de gobierno actual es perseguir políticamente, hostigar y despedir a empleados y funcionarios nombrados durante administraciones del Partido Nuevo Progresista, incluyendo a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) al Contralor Electoral, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, procuradores, miembros de juntas y jueces, entre muchos de otros”, lee la resolución.
En otros asuntos, durante la Reunión del Directorio PNP también se ratificó a Yashira Lebrón Rodríguez como candidata única para ocupar la vacante dejada por el representante Antonio “Toñito” Silva en el Distrito Representativo 8 de Bayamón y se designaron dos nuevos miembros del Directorio. Éstos son Orlando Ortíz, alcalde de Naranjito como miembro por acumulación y Carlos García del Organismo Especial, Seniors 51.
Por ultimo, el liderato del PNP celebró la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante la cual se declaró inconstitucional la legislación aprobada por el Partido Popular Democrático (PPD) que requería la colegiación compulsoria y membresía al Colegio de Abogados a todos los miembros de la profesión legal.
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