El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Navarro Suárez, anunció que ha solicitado que la Oficina del Inspector General del Departamento de Transportación de Estados Unidos (OIG-DOT, por sus siglas en inglés), inicie una investigación sobre la otorgación sin subasta del contrato de administración del “Sistema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Tránsito” (SIMONE), conocido como sistema de foto-multas, a la entidad International Traffic Systems, LLC (ITS).
Según el representante, su solicitud de pesquisa federal responde principalmente a la negativa del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes de darle paso a una investigación exhaustiva del asunto.
“Desde la semana pesada hemos exigido que la Cámara apruebe una resolución de investigación específica que permita aclarar todas las interrogantes que ha levantado tan cuestionable contratación sin subasta. Sin embargo, llama mucho la atención como el liderato del PPD ha hecho lo impensable para impedir una investigación seria y responsable de este asunto”, indicó.
El legislador añadió que “a pesar de que la página 222 de la Plataforma de Gobierno del PPD 2012 indica que la presente administración sería un gobierno de responsabilidad y transparencia, basado en el cumplimiento de ley, la intolerancia a la corrupción y el fortalecimiento del principio del mérito en la otorgación de contratos, lo que vemos aquí es un escándalo de grandes proporciones ante la implementación de un sistema que a todas luces está dirigido a saquear el bolsillo del pueblo y beneficiar a ciertos allegados del gobierno de turno”.
Navarro ya había comunicado sus reservas con la manera en la que se otorgó el contrato a través de una carta que le escribiera al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres Díaz.
En su misiva a la OIG-DOT el representante indica que “como parte del contrato entre ACT y ITS, la entidad privada utilizará toda la infraestructura física e informática del sistema de transportación de Puerto Rico, infraestructura que se ha establecido mediante asignaciones multimillonarias de fondos federales destinados a promover la seguridad vial.”
Navarro Suárez indica que esta situación “implica que ITS obtendrá un beneficio económico por la utilización del sistema de seguridad vial de Puerto Rico, lo cual podría suponer la utilización de fondos federales para el beneficio personal de una entidad privada. Esta situación, combinada con que se trata de una contratación que nunca fue objeto de una subasta, entendemos representa una posible violación de las leyes y reglamentos federales aplicables al uso de los fondos federales y/o de la propiedad que los estados adquieren con los mismos.”
El legislador concluyó diciendo que “consideramos que esta situación amerita una investigación exhaustiva por abuso y/o mal uso de fondos federales de seguridad vial, así como por posible manipulación de proceso de licitaciones y de conflictos de interés en el manejo de fondos federales de seguridad vial.”
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