Inician vistas para evaluar cumplimiento con la Ley 66

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández (PPD) anunció que mañana lunes inician las vistas públicas sobre la implementación de la Ley 66, mejor conocida como la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

El representante Rafael “Tatito” Hernández (PPD) expresó que no se debe esperar a que termine el año para fiscalizar los ajustes económicos que deben realizar las agencias del gobierno.

“Para levantar el país se necesita disciplina. A esta Asamblea Legislativa le ha tocado la responsabilidad histórica de fiscalizar y velar el control de gastos en el Gobierno como nunca antes se había hecho. El propósito de estas vistas es darle a las agencias y corporaciones públicas la oportunidad de informarle al país, en forma segmentada y detallada, las medidas tomadas, los resultados, y toda información pertinente que demuestre que han sido disciplinados”, indicó Hernández.

El legislador fue enfático en que no se puede esperar hasta finales del año fiscal para hacer ajustes. “Nuestra determinación es hacer esta evaluación temprana la cual nos dará el espacio para realizar a tiempo los ajustes necesarios”, sostuvo.

“Desde el momento en que se declaró un estado de emergencia para la recuperación fiscal y económica, tras la degradación del crédito de Puerto Rico, y la disminución de recaudos que afecta la liquidez del Estado, nuestra Comisión se comprometió en velar porque el Gobierno fuera disciplinado en el control de gastos. A partir de mañana, sabremos si las agencias y corporaciones están haciendo lo que les corresponde”, subrayó Hernández al tiempo que anunció el calendario de vistas.

Vea el Calendario

Algunas de las medidas que las agencias y corporaciones deben presentar durante las vistas son: reducción de contratación de servicios profesionales, ajustes en tarifas en servicios comprados, reducción en el gasto de nómina de empleados de confianza, concesión de aumentos en beneficios económicos, y prohibiciones respecto al uso de escoltas y viajes, entre otras.