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Favorecen enmiendas a Ley de Alianzas Público-Privadas

Diferentes grupos de los sectores privados y gubernamental favorecieron hoy que se enmiende la ley que creó las Alianzas Público Privadas (APP) para que atiendan, no tan solo proyectos grandes, sino aquellos otros que menor envergadura, como los que puedan rondar alrededor de los $50 millones. Vea las fotos

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El senador Ángel Rodríguez Otero (derecha) comentó que el proyecto permitiría realizar proyectos como es la reparación de puentes, carreteras no tan grande y otras construcciones, que a lo mejor los municipios desean hacerlo.

La Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas (APP), y la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, convocaron una vista pública para evaluar enmiendas a la Ley, a los fines de definir los Proyectos de Menor Escala.

“El procedimiento que debe seguirse para la evaluación y aprobación de estas alianzas de proyectos de menor escala, sin dejar de ser riguroso, resultará en una mayor celeridad para completar los procesos para su aprobación, asegurando así una respuesta ágil para iniciativas empresariales con el potencial de incentivar el desarrollo económico a corto plazo”, afirmó el presidente de la Comisión Conjunta, Jesús Santa Rodríguez (PPD).

Esta medida también establece las facultades del Director Ejecutivo de la Autoridad para los Proyectos de Menor Escala, dispone para la creación de una subdivisión para dicha categoría de proyectos como una división de la Autoridad para las APP, dispone para el cobro de un cargo por los servicios prestados por esta corporación, establece la composición del Comité de Alianza para Proyectos de Menor Escala, así como el proceso y los requisitos para la presentación de propuestas no solicitadas, entre otras consideraciones.

A la audiencia acudieron, la directora ejecutiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Grace Santana Balado, y representantes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), la Asociación de Contratistas Generales de América (ASG), la Asociación de Industriales y la Federación de Alcaldes. La Asociación de Alcaldes sometió ponencia, pero se excusó.

En su exposición, Santana Balado favoreció las enmiendas propuestas por el proyecto “ya que con estas se maximiza el potencial de las alianzas público privadas y se fomenta el desarrollo económico, principalmente de la industria local a corto y mediano plazo”. De la exposición de Santana Balado trascendió que la Autoridad incurrió en unos $8 a $15 millones de dólares en las gestiones conducentes al establecimiento de las alianzas del Aeropuerto Luis Muñoz Marín y de las carreteras PR-22 y PR-5, por lo que se hace imperante que la Autoridad tenga la facultad de cobrar por los servicios prestados, ya que su única fuente de fondos es la línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Por su parte, el ex presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz (PNP), planteó si se podría dar una flexibilidad para que la Autoridad pueda atender proyectos pequeños por encima de los $50 millones, como lo restringe el proyecto, y se puedan atender aquellos de $60 ó $70 millones. A esto, Santana Balado respondió que es algo que nosotros nos hemos planteado, particularmente porque puede haber un proyecto excelente que propenda el desarrollo económico y que su estimado sea de $55 ó $70 millones y tengamos que perder la oportunidad de atenderlo de una forma más ágil.

Rivera Schatz planteó dar una representación en la Junta a la Asociación o Federación de Alcaldes, pero ella planteó su objeción porque se requiere puntualidad en las reuniones. Sobre este asunto, el director ejecutivo de la Federación, Reynaldo Paniagua Látimer protestó, señalando que los directores ejecutivos de ambos organismos “son siempre consistentes, los miembros del Ejecutivo son los que no llegan”.

En tanto, el senador Ángel Rodríguez Otero (PPD), al hablar sobre la medida, comentó que es un proyecto muy bueno, porque va a permitir poder hacer proyectos de menos de $50 millones, lo que implica que habrá muchas obras que podrán hacer a través de las APP, como es la reparación de puentes, carreteras no tan grande y otras construcciones, que a lo mejor los municipios desean hacerlo. “A mi me parece que es bien importante que no sólo pensemos en los mega proyectos, sino que con esta enmienda también podemos atender proyectos de menor escala y que se puedan hacer con mucha más celeridad. “Esperamos aprobar la medida lo antes posible y obviamente, favoreciendo la enmienda porque nos parece muy positiva para la condición y situación económica que atraviesa el país en este momento y también va a ayudar a muchos municipios. También podamos incorporar estos pequeños proyectos hacerlos a través de las APP. Cuando son proyectos de gran envergadura, por lo general es con capital extranjero. Pero, cómo también nosotros podemos beneficiar al inversionista local en estos tipos de proyectos pequeños y que también que ayude a generar empleos y mover la economía, tan importante en este momento”, dijo.

De otro lado, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas Quiñones, quien estuvo representado por Javier O. Rivera Rivera, expresó en su ponencia escrita que la medida dispone que los proyectos de menor escala no requerirán el aval del Gobernador, salvo cuando la aprobación del Gobernador sea requerida por mandato constitucional.

La Federación de Municipios, quien también favoreció la pieza legislativa, señaló que hasta el presente las alianzas se han circunscrito a proyectos de gran envergadora, cuando la realidad es que hay necesidad imperiosa de patrocinar proyectos que atiendan programas que puedan desarrollarse a costos menores o que puedan atender necesidades regionales.

De otra parte, el director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, Pedro Crespo Claudio, expresó que concurre con el lenguaje del proyecto a los fines de la inclusión en la Internet de los estudios que justifican la deseabilidad de una posible alianza entre el sector público y privado provee mayor confianza por parte de la ciudadanía. Esto, según dijo, está de acuerdo con la política pública de mayor transparencia del Gobierno en sus acciones gubernamentales.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Waleska Rivera, quien avaló el proyecto, señaló que las APP podrían generar grandes cantidades de empleo y ayudar a resolver el problema fiscal. Ën el caso de las APP ya acordadas y las dos próximas, de resultar en que el gobierno invierta una fracción del producto en otra infraestructura, podría generar unos 15 a 20 mil empleos durante la construcción de invertirse entre $750 y $1,000 millones”, dijo.

De acuerdo con Santa Rodríguez, la medida proveerá las herramientas para que el desarrollo de estos proyectos de menor escala no tenga impacto en las finanzas del Gobierno por tener que incurrir en gastos por cambios de órdenes, el aumento en los estimados de su implantación y el cobro por los servicios prestados, desembolsos que al presente la Autoridad no recupera.

“El proyecto también abre una ventana de oportunidades para los municipios que quieran beneficiarse de esta iniciativa e implantar modelos de Alianzas Público Privadas en los gobiernos locales”, afirmó Santa Rodríguez.

 

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