Gobernador pide a la Asamblea Legislativa le quite poderes al Supremo

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (PPD) reaccionó el miércoles en la noche a la decisión del Tribunal Supremo de acoger la solicitud hecha por el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, de paralizar la aplicación de la recién firmada ley que restituye la colegiación obligatoria para la práctica de la abogacía y el notariado, solicitando a la Asamblea Legislativa que apruebe legislación que le quitaría poderes al más alto foro judicial en la Isla.

“El acceso a la justicia que tienen garantizado todas las partes en un proceso judicial incluye, como requisito indispensable, el derecho a juicio en su fondo, descubrimiento de prueba y la oportunidad de ventilar esa prueba ante un juez imparcial. El recurso de certificación impide ese proceso. Ante ese exceso sistemático en el ejercicio de discreción del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el día de hoy le he pedido a la Asamblea Legislativa que en la próxima sesión analice con celeridad los proyectos ‘E-13-0053 (PC 1248 y PS-657)’ que le quitan a dicho foro judicial la discreción de negar juicio en su fondo a una de las partes”, expresó García Padilla mediante comunicación escrita.

Rivera Schatz, radicó la tarde del lunes un recurso legal impugnando la constitucionalidad de la  ‘Ley de la Colegiación Integrada de la Abogacía’, que además devuelva al Colegio de Abogados de Puerto Rico la facultad de fiscalizar la práctica legal y establece una cuota de membresía anual de $250 dólares, so pena de desaforo.

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La tarde del martes, la Asociación de Abogados de Puerto Rico presentó una demanda impugnando también la constitucionalidad de la colegiación compulsoria. Durante el día de hoy, la Asociación solicitó al Tribunal Supremo certificar la demanda para su atención inmediata.

A la demanda de la Asociación de Abogados se unieron como interventores más de una docena de abogados entre los cuales se encuentran los licenciados Félix Colón Serrano, María Fullana, los legisladores José Enrique Meléndez y Carmelo Ríos, Luis Dávila Colón, Miguel Romero, Elías Sánchez, Mario Santurio, Carlos Sagardía y Valerie Rodríguez.

Según el debate legislativo en torno a esta Ley, alrededor de 12,000 abogados han decidido no ser parte del Colegio de Abogados lo que representa 3 de cada 4 abogados admitidos en Puerto Rico.

La demanda fue suscrita por los representantes legales de la Asociación de Abogados, los licenciados Ramón L. Rosario Cortés, Ferdinand Ocasio, Francisco González y Andrés Córdova. Por su parte, las 2 demandas de los interventores fueron suscritas por los licenciados Alejandro Figueroa y Alex López, respectivamente.