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Buscan restituir la rehabilitación como derecho constitucional

Hoy iniciaron las vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 1805 que busca restituir el mandato constitucional de rehabilitación para confinados, que fue legislado en el 2004 mediante la “Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación” (Ley 377), y derogado por el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en el 2011.

Según explicó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas Contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara, José Báez Rivera (PPD), la medida de su autoría, rescata el espíritu y propósito contemplado en la Ley 377, redactada y aprobada por su padre, el exsenador Eudaldo Báez Galib (PPD).

Le legislación dispone implementar un tratamiento que propenda la rehabilitación moral y social de los reos a tono con la crisis fiscal y social que enfrenta el País. “La re-instalación de un adecuado proceso de rehabilitación puede servir tanto para desarrollar ciudadanos productivos que ayuden a incrementar la fuerza laboral del País, así como para aminorar la conducta criminal y proveer otras alternativas a la delincuencia”, expresó el representante.

El representante Báez Rivera añadió que “…se hace imperativo restablecer lo que en el 2004 gracias a una medida de mi padre se había convertido en mandato constitucional. Como muy bien ha señalado el exsenador Báez Galib en su deposición ante esta Comisión: no existe un solo motivo que sostenga la derogación de lo que fue la ley 377 de 2004. No queremos pensar que hayan sido motivos puramente partidistas los que ocasionaron la derogación de una ley de avanzada, que protegía y aseguraba el derecho a la rehabilitación de los confinados y su inserción a la sociedad”, haciendo clara alusión a que dicha ley fue derogada bajo la administración de Luis Fortuño (PNP) en el 2011.

“A los familiares de los confinados, grupos de apoyo y a los mismos confinados les aseguro que realizaremos un estudio profundo de este tema y no vacilaremos en procurar que se restablezca su derecho a la rehabilitación. Derecho que les fue, silenciosamente, arrebatado sin razón alguna bajo la pasada administración. Yo tengo personas rehabilitadas que son mis colaboradores y he visto como, si el Estado pone de su parte y se le brindan las herramientas las personas sí pueden rehabilitarse y salir de cumplir una sentencia para aportar al País”, sentenció el representante Jose Báez.

Mientras que Báez Galib, quien compareció a la vista, señaló que se trata de una controversia de principios básicos que dan vida al ordenamiento penal, “castigo” versus “rehabilitación” y la percepción del pueblo sobre si es posible la rehabilitación de un confinado y la realidad de ello.

Entretanto, trascendió que existen estudios realizados por la Comisión de Derechos Civiles y el Colegio de Abogados de Puerto Rico respecto a la rehabilitación de presidiarios.

Al mismo tiempo, la Comisión atendió la Resolución de la Cámara 758, del representante Nelson Torres Yordán (PPD), que ordena se investigue la implementación de la Ley Núm. 174-2011, que creó la certificación de rehabilitación y capacitación de trabajo a todo exconfinado que recién haya cumplido su sentencia. Esta Ley faculta a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a expedir un certificado de esta índole si se cumple con la misma.

La abogada del DCR, licenciada Laura Otero, amplió que el confinado que cumpla con los requisitos de elegibilidad, se toma en consideración el informe de ajuste y progreso preparado por un técnico de servicios socio-penales, con la información correspondiente. A su vez, indicó que desde el 2011, se han presentado unas 22 solicitudes, de las cuales solo dos reunieron los requisitos establecidos por Reglamento.

Mientras que la asesora legal de la Policía de Puerto Rico, Estrella Mar Vega, aclaró que es Corrección la agencia llamada en Ley a reglamentar y expedir dicho certificado y, por lo tanto, la que puede ofrecer datos al respecto.

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