Alertan de posible pérdida de fondos federales para Educación Especial

Ante el anuncio del gobernador Alejandro García Padilla (PPD) y el secretario del Departamento de Educación Rafael Román, el cual pone en marcha para el próximo agosto el “Plan de Procedimientos para el Cierre, Consolidación y/o reorganización de Planteles Escolares”, el cual contempla el cierre y consolidación de unos 100 planteles escolares en la Isla, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez, levantó una voz de alerta ante la posible pérdida de millones de dólares en fondos federales que son otorgados a Puerto Rico en virtud de la Ley Pública 108-446, “Individuals with Disabilities Education Improvement Act ” del 3 de diciembre de 2004.

Según Meléndez el proyecto de cierre de escuelas el cual pretende reducir los gastos gubernamentales en facilidades con baja matrícula y deterioro físico, no contempla que existe un procedimiento para asegurar el cumplimiento de los servicios que se ofrecen a la población de educación especial a través de la Isla. Este procedimiento es parte de los requisitos de la autoridades federales a la Isla para garantizar una educación de calidad a los estudiantes y el poder optar por fondos.

“Hemos recibido el reclamo de padres y maestros angustiados por la desorganización y falta empatía a las necesidades de sus hijos. Los padres, por mandato federal, deben ser consultados sobre cualquier cambio de ubicación que se realice que afecte a nuestros niños de educación especial así como su participación en el comité de ubicación escolar. Este diálogo no ha ocurrido, poniendo en riesgo los servicios ofrecidos a estos estudiantes, la estabilidad emocional de las familias y la inminente perdida de fondos federales por el incumplimiento” , indicó Meléndez.

Para Meléndez el proyecto contradice las determinaciones realizadas por los “Comités de Programación y Ubicación Escolar”(COMPU) y lograr una adecuada implantación del Programa Educativo Individualizado (“PEI”) desarrollado para cada uno de estos estudiantes, ambos requisitos federales para el Departamento de Educación. En el caso del PEI se busca determinar y garantizar la ubicación apropiada para el estudiante conforme a sus necesidades.

“Le exigimos al gobernador García Padilla y al secretario Román, que se garanticen los recursos y facilidades a nuestros niños de educación especial. No podemos poner en marcha un plan de cierre sin que los padres y maestros tengan a la mano como serán atendidos sus hijos, la ubicación de los maestros tras el cierre, la reubicación de servicios y que cada uno de esos asuntos tome en consideración las leyes federales y locales. Desde la legislatura nuestros niños seguirán siendo primero”, sentenció Meléndez.