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Inician vistas para evaluar Plan Integral de Seguridad 360°

La Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas Contra el Crimen y la Corrupción de a Cámara de Representantes, liderada por el representante José Báez Rivera (PPD), inició hoy las audiencias públicas en torno a dos proyectos de ley del paquete de unas 27 medidas legislativas correspondientes al Plan Integral de Seguridad 360 del presidente del Cuerpo, Jaime Perelló (PPD).

El representante Báez Rivera, indicó que se trata de la primera fase del Plan contenida en el Proyecto de la Cámara 1854, que propone la creación de la “Ley para el Mejoramiento Tecnológico y Profesional de la Policía de Puerto Rico”, la cual busca profesionalizar a la Uniformada para que estén mejor preparados a la hora de combatir el crimen.

La pieza, siendo el componente más importante del grupo, establecerá el “Fondo Especial para Combatir el Crimen en Puerto Rico” que se dividirá en cuatro proyectos de Ley con el objetivo de nutrir un fondo especial de hasta $50 millones de dólares.

Según explicó, Báez Rivera, el Fondo se nutrirá del importe correspondiente al pago de multas impuestas por cada centésima sobre el límite de concentración de alcohol, el importe obtenido por la maximización de los recaudos de multas de tránsito logradas a través de la mecanización del sistema de procesamiento de multas u otra aportación identificada por Ley para ello.

Destacó que estadísticas presentadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) indican que anualmente se pierden más de $100 millones de dólares en multas no cobradas por concepto de infracciones de tránsito. Expuso que ese dinero no llega al Estado por situaciones que ocurren en el manejo de las multas. Dramatizó que del total de $116 millones potenciales en multas de tránsito para el año 2011, sólo fueron recuperados unos $16 millones de dólares.

Por lo tanto, indicó que tanto el DTOP, así como la Policía, deben implantar procesos que maximicen el cobro de las multas. “El veinte por ciento (20%) de la maximización de los recaudos de multas de tránsito logrados a través de la mecanización de los sistemas de procesamiento de multas implantados por el DTOP pasará a nutrir el Fondo”, dijo Báez Rivera.

La segunda pieza corresponde al Proyecto de la Cámara 1855, cuyo fin es enmendar la Ley “Ley de Detectives Privados en Puerto Rico”, para aumentar de $2 a $5 dólares el valor del pago de rentas internas como requisito para que la Policía de Puerto Rico pueda expedir y renovar licencias de detectives y guardias de seguridad privados.

“Es una prioridad del Presidente de la Cámara y parte de nuestra responsabilidad mejorar el aparato de seguridad del Gobierno, y asegurarnos de que nuestros policías trabajen en condiciones óptimas y con el mejor equipo disponible”, expresó Báez Rivera durante el proceso de vistas.

Las licenciadas Yashira Vega Montalvo y Estrella Mar Vega Soto de la Policía de Puerto Rico avalaron ambas medidas, sosteniendo de manera prioritaria contar con los recursos necesarios para equipar a la uniformada y proveerles la tecnología al día para la investigación criminal.

Vega Montalvo dijo que su Agencia se encuentra en un intenso proceso de reforma para atemperar sus prácticas a las tendencias policíacas actuales. Al mismo tiempo destacó que a pesar de que ya cuentan con varios avances tecnológicos dentro del Centro de Información Criminal, con el Lector de Tablillas Automático, Crime Mapping y el Shot Spotter Technology, necesitan fondos asignados recurrentes para su constancia y permanencia.

“Concurrimos con la intención legislativa de crearse el Fideicomiso como una entidad jurídica independiente a cargo de la administración del Fondo. Somos de criterio que la sana administración debe ser óbice de protección legislativa”, expresó Vega Montalvo.

Entretanto, Vega Soto, recomendó que el pago para la obtención de la licencia debería ser de $25.00 y no de $5.00, y que sean sufragados por cada agencia de seguridad. Recomendó además que debe añadirse en el lenguaje de la propuesta la definición de “guardia de seguridad” para que sea cónsono con la intención de la misma. También, que $15.00 de esa partida se destinen al Fondo General y $10 a la Policía de Puerto Rico.

Por último, recomendó que las compañías de seguridad tengan la obligación de adiestrar a los guardias de seguridad dentro de un periodo de cuatro semanas con especificaciones sobre las materias a ofrecerse “para que tengan conocimiento general en cuanto a sus responsabilidades”.

Asimismo, Mytsi Acosta Vázquez de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), coincidió con atender el problema del cobro de las multas y que se nutra este fondo especial de una part de las mismas.

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