Ante la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Torres Calderón recomendó el ahorro de más de $6 millones de dólares con la creación de salas judiciales en las cárceles, para así evitar los gastos de transportación en los que se incurre al llevar confinados a las vistas y juicios.
El Proyecto de la Cámara 1957 crearía una colaboración entre la Rama Judicial y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para establecer salas destinadas para atender casos de confinados sumariados en las propias instituciones correccionales, a propósito de disminuir los gastos en los que incurre el Estado al transportar confinados a las distintas regiones judiciales del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Con este medida se persigue a su vez, agilizar los procesos que se llevan a cabo contra éstos, en aras de garantizarles el derecho a un juicio rápido.
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Durante la vista pública de presupuesto donde depuso el DCR, Torres Calderón le presentó la medida al Secretario, quien “se mostró sumamente interesado en ella al punto que informó que estaría recomendando la misma”, indicó el representante estadista.
En el “Análisis de Transportación de Confinados”, llevado a cabo por Corrección se desprende que durante el año fiscal 2009-2010, se movilizó un total de 106,898 confinados. El 2% de los casos transportados correspondían a citas en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), el 3% a ingresos provenientes de los tribunales, el 11% a citas médicas, el 13% a traslados fuera del complejo correccional, el 18% a otras gestiones no especificadas y el restante 53% correspondía a citas en los tribunales de justicia.
Según el estudio, el costo de movimiento por confinado fluctúa según de donde provenga y tomando en consideración los gastos administrativos. Basados en los números, el promedio del costo de transportar a un confinado a un tribunal general de justicia es de $108.61.
Considerándose el total de 57,246 confinados que fueron transportados por razón de citas en los tribunales y si se multiplica por el promedio del costo de transporte por caso de $108.61, se puede concluir que durante el año fiscal 2009-2010, el DCR invirtió aproximadamente $6,217,488 dólares en transportación de confinados y confinadas a las mencionadas instituciones.
“Con estos datos, podemos fácilmente concluir que de establecerse salas destinadas para atender casos de confinados sumariados en las propias instituciones correccionales; se disminuirían considerablemente los gastos en los que incurre el Estado al transportar confinados y confinadas a las distintas regiones judiciales del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, mientras, y a su vez, se agilizarían los procesos que son llevados a cabo contra éstos, garantizándole a las personas sumariadas, que no han podido prestar la fianza, su derecho constitucional a un juicio rápido”, explicó en la medida, el representante por el Distrito Número 12 (Morovis, Manatí, Vega Alta, Vega Baja).
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