Desmienten alegados ahorros en fusión de procuradorías

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado de Puerto Rico desmintió hoy al gobernador Alejandro García Padilla (PPD) y presentó evidencia de que la propuesta para fusionar las Procuradurías no representa un ahorro en el presupuesto recomendado y reiteraron que la consolidación dejará desprotegidos a miles de ciudadanos y afectará servicios esenciales a poblaciones tan necesitadas como los pacientes, los impedidos, veteranos, mujeres, entre otros, especialmente porque dejarían de ser un ente fiscalizador independiente al gobierno. Vea las fotos

“La excusa de que estamos ante una emergencia fiscal por lo que se justifica la consolidación de las Procuradurías es mentira. Cuando analizamos el presupuesto vigente (2013-2014) y lo comparamos con el recomendado para el próximo año fiscal (2014-2015) vemos que lejos de haber una reducción el mismo aumenta en $534 mil, porque incrementa de $16,259 millones a $16,793 millones”, sostuvo el portavoz de la delegación Larry Seilhamer, quien indicó además que las Procuradurías que recibirían un aumento de presupuesto para el próximo año fiscal son la de las Personas de Edad Avanzada, la de la Mujer y la de las Personas con Impedimentos.
Del mismo modo, los senadores hicieron énfasis en el menoscabo a los servicios que reciben los ciudadanos que son parte de las poblaciones que atienden estas Procuradurías.

“La Procuraduría del Paciente, que defiende a ciudadanos que luchan contra compañías de seguros, proveedores de seguros, el Departamento de Salud, entre otros, ya ha atendido para este año fiscal unas 3,227 querellas y alrededor de 30 mil llamadas para orientación y radicación de querellas. Que esta Procuraduría pase bajo la sombrilla del Departamento de Salud es un conflicto de interés serio ya que la Agencia es administradora de las principales instituciones de salud de la Isla por lo que resulta inconsistente que vaya a fiscalizar sus propios servicios y emita multas en su contra”, expresó el senador Thomas Rivera Schatz.

Los senadores le recordaron al gobernador Alejandro García Padilla que en el 2001, bajo la administración del Partido Popular Democrático (PPD), se rechazó que la Oficina del Procurador del Paciente estuviera adscrita al Departamento de Salud y se enmendó la Ley Núm. 11-2001 para que estuviese bajo la sombrilla de la Oficina del Gobernador.

“De igual forma, se ha trastocado los servicios que reciben actualmente las personas con impedimentos ya que la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) se consolidaría con la Procuraduría de Edad Avanzada, pero OPPI atiende una amplia población como niños, jóvenes y adultos con impedimentos y el proyecto se enfoca en ciudadanos de la tercera edad. Asimismo, en el caso de las mujeres que son el 52 por ciento de la población en Puerto Rico, se le da la facultad de velar por sus derechos al Departamento de la Familia, una agencia que por años ha tenido tropiezos en el ofrecimiento de sus servicios. Quién va a fiscalizar el cumplimiento de 120 leyes favorecedoras de los derechos de la mujer en sobre 128 agencias, 78 municipios y el sector privado si la Procuraduría de la Mujer pasa a una agencia que no tiene los recursos ni el personal para ello”, indicó Rivera Schatz.

La delegación del PNP en el Senado expresó que las Procuradurías han servido bien a los ciudadanos a quienes dan el servicio. “Hay que preguntarse cuál es la verdadera razón que motiva el plan de este gobierno, y no es otra que dejar sin trabajo a 69 empleados de confianza y transitorios, simplemente porque fueron nombrados por la pasada administración. Esto en un claro discrimen político que viene de un gobierno que se autoproclamó ‘para la gente’, pero que han demostrado todo lo contrario”, dijo Seilhamer.

Por último y sobre la fusión de la Comisión Industrial de Puerto Rico a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) los legisladores indicaron que tampoco esto representa un ahorro al presupuesto y que también habrá conflicto de intereses y un efecto adversos en los servicios que ofrece la Comisión.

El senador Carmelo Ríos señaló que “el presupuesto de la Comisión no se sufraga del Fondo General por lo que no significa un ahorro en el presupuesto y todo lo contrario la fusión aumentaría el sueldo de los jueces administrativos. Además, hay un conflicto de intereses porque la CFSE se convertiría en juez y parte en las reclamaciones de accidentes en el trabajo, por lo que los obreros lesionados y patronos no tendrían un foro independiente que revise las determinaciones del Fondo”.

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