Acusan al gobierno de intimidar a los maestros

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos le recordó al Secretario del Departamento de Educación (DE) y al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que la intimidación es un delito, por lo que demandó de los funcionarios que desistan de presionar a los maestros a que renuncien a sus derechos y al triunfo obtenido con la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la reforma al Sistema de Retiro para Maestros.

Ramos reaccionó airada a un anuncio de prensa del DE y OGP suscrito por los titulares de las agencias, Rafael Román y Carlos Rivas Quiñones, respectivamente, donde se emplaza a los maestros a presentar su renuncia al cargo al 21 de mayo próximo si desean disfrutar de algunos beneficios de jubilación.

Entiende que si fuera un esfuerzo de orientación, correspondería al Sistema de Retiro la gestión y no mediante un “anuncio disfrazado que busca crear histeria, cuando es el propio gobierno el que arrastra los pies para atender el dictamen del Tribunal Supremo”.

A la legisladora le resulta curiosa la actitud de prisa que demuestran Román y Rivas, mientras el gobernador Alejandro García Padilla (PPD) “sigue ignorando el dictamen del Alto Foro judicial” que declaró inconstitucional la reforma al Sistema de Retiro de Maestros.

Para la líder estadista está claro que el actual gobierno popular no pretende atender en forma alguna los cambios necesarios al Sistema de Retiro hasta que prácticamente concluya la presente sesión ordinaria de la Legislatura para el 30 de junio, lo que privaría a los maestros de los derechos adquiridos y sostenidos por el Supremo.

“Esta es una actitud desafiante que no debe tolerarse y cuyo único objetivo es privar mediante la intimidación, de las conquistas laborales del magisterio y que fueron sostenidas en un dictamen judicial”, aseveró.

El anuncio les recuerda a los educadores que tienen hasta el 21 de mayo para renunciar y ser acreedores de un Bono de $100 anuales para medicamentos, de $200 como Bono de Navidad y otros $100 mensuales en aportación al Plan Médico.

“Dígame alguien si no es intimidar a los educadores en edad de retiro el decirles que o renuncian o pierden beneficios, cuando la realidad es que el gobierno quiere empujarlos a dimitir de manera obligatoria para no tener que acatar lo que dictó el Supremo. ¡Esto es una infamia!”, manifestó