Favorecen despenalización de posesión mínima de marihuana

Tamar Todd, principal abogada del Drug Policy Alliance, opinó hoy en las vistas de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes sobre el proyecto del Senado 517, que la criminalización de las personas por posesión de pequeñas cantidades de marihuana ha sido un fracaso costoso, una pérdida de recursos, exacerba las desigualdades sociales y las disparidades raciales y destruye las oportunidades y el potencial del individuo.

“Ha llegado el momento de cambiar las políticas de marihuana, ya un número creciente de estados en los Estados Unidos y la comunidad internacional ha comenzado a cambiar este enfoque fallido”, sostuvo la experta al recordar que este mes la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha anunciado el lanzamiento de recomendaciones para desalentar las sanciones criminales por el uso de drogas.

El P del S 517 busca reclasificar la marihuana como sustancia de clasificación III, eliminar las penas de cárcel por posesión de marihuana para uso personal y reclasificar como delito menos grave la posesión de 14 a 28 gramos.

“La despenalización de la marihuana no es nueva. Existen estados que no han tenido las sanciones penales por posesión de marihuana en los últimos 40 años. Estas jurisdicciones han podido desviar sus recursos financieros hacia prioridades más importantes, protegiendo a sus ciudadanos de consecuencias colaterales devastadoras, incluso de condenas penales menores, y no han sufrido ninguna de las consecuencias no deseadas o negativos que muchos legisladores temen. La despenalización de la marihuana no es una propuesta arriesgada. Muchos estados ya han llevado a cabo el experimento y han demostrado su éxito”, dijo la abogada.

Todd recordó que 17 estados y el Distrito de Columbia ya han adoptado alternativas al encarcelamiento por posesión de marihuana con el fin de reducir las tasas de encarcelamiento, prevenir que ciudadanos respetuosos de la ley puedan ser considerados delincuentes y cargar con las consecuencias colaterales de una condena penal, reducir las disparidades raciales en las detenciones, y preservar los recursos penitenciarios y policiales.

Durante su ponencia, la abogada, que visitó a Puerto Rico para deponer en la vista, sostuvo que los estados que han despenalizado los delitos de marihuana de menor importancia o liberalizado leyes sobre la marihuana no han experimentado aumentos de la delincuencia, ni en el uso, tampoco ha aumentado el acceso de los niños. Todd dijo que al promulgar alternativas al encarcelamiento por posesión de marihuana estos estados, han tenido éxito en la liberación de recursos de la policía para hacer frente a los delitos más graves, han liberando recursos judiciales y tiempo para asegurar la administración de justicia pronta, así mismo han liberado espacio en las cárceles para albergar a aquellos que sí representan una amenaza real para la seguridad pública. Al mismo tiempo sostuvo que estos estados han eliminado la amenaza de consecuencias colaterales a las condenas penales que impiden que una persona pueda obtener préstamos de empleo, de vivienda y estudiantiles.

Al afirmar que la despenalización de la marihuana no se traduce en un mayor uso, la abogada hizo referencia a un informe del Instituto Nacional de Medicina (IOM ) que concluyó que existe poca evidencia de que la despenalización del consumo de marihuana conduce necesariamente a un aumento sustancial en el consumo de marihuana .

“Los ciudadanos que viven bajo leyes de despenalización consumen marihuana de manera comparable a los que viven en regiones donde la posesión de marihuana sigue siendo un delito penal. De hecho, en estados demográficamente similares que han despenalizado la marihuana, las tasas de uso son similares o incluso más bajas que en los estados con penas severas”, manifestó al hacer referencia del caso de Massachusetts donde se despenalizó la tenencia adulta de una onza o menos de marihuana para uso personal, con una pena civil máxima de una multa de 100 dólares y el decomiso o la marihuana. “En 2008, el año antes de que la ley entró en vigor, hubo 8.502 arrestos por posesión de marihuana, y en 2009 esa cifra se redujo en 85 % a 1240. Luego cayó de nuevo en 2010 y ahora Massachusetts tiene uno de los índices de arrestos más bajos de todos los estados”, sostuvo.

“La despenalización de la marihuana tampoco da lugar a un mayor uso de marihuana entre los jóvenes. Los estudios concluyen en repetidas ocasiones que la despenalización de la marihuana ha tenido prácticamente ningún efecto sobre el consumo de marihuana o de creencias y actitudes relacionadas acerca de la marihuana entre los jóvenes estadounidenses en esos estados que han promulgado una política de este tipo”, dijo la principal abogada del Drug Policy Alliance (DPA), organización que trabaja para promover alternativas a las leyes de drogas punitivas, aboga por nuevas políticas de drogas que se basan en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos.

Tras la ponencia de la licenciada Todd, el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Luis Vega Ramos (PPD), manifestó que su testimonio es de suma importancia para el análisis que realiza la Comisión porque “nos ofrece una perspectiva de derecho comparado en torno a cómo se ve el Proyecto del Senado 517 frente a la demás legislación en los Estados Unidos con propósitos similares”.

El representante destacó además, el apoyo que ha recibido la posición del proyecto de descartar la pena de cárcel para la posesión mínima porque se ha comprobado ya que la pena de cárcel provoca mayores daños en la persona.

Por su parte, Rafael A. Torruella, director ejecutivo de INTERCAMBIOS Puerto Rico y director de la campaña Descriminalizacion.org, reiteró su apoyo al proyecto.

“Es tiempo de transformar un sistema prohibicionista y criminalizante, como el que tenemos en Puerto Rico, a uno dirigido hacia la salud pública y el respeto a los derechos humanos. Ya basta de tratar a los usuarios de drogas como criminales. Cambiemos este inmovilismo que nos ha hecho cómplices de la violencia generada por la “guerra contra las drogas” y entendamos que para promover un acercamiento salubrista se debe romper con las altas cargas criminales que se han impuesto. Mientras el gobierno de Puerto Rico continúe invirtiendo recursos para tratar de controlar la oferta de las drogas con más policías, con más cárceles, sin brindar alternativas ni tratamiento, los problemas y las necesidades de los usuarios de drogas se mantendrán. Es muy poco probable que un modelo salubrista que siga criminalizando al usuario pueda reducir la demanda de drogas ilícitas”, declaró el sicólogo social.

También depusieron hoy a favor del proyecto en la segunda de las vistas que celebra la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, la Asociación de Psicología de Puerto Rico; Salvador Santiago, ex director de ASSMCA y sicólogo con 47 años de experiencia en tratamiento de adicciones, y la abogada Shadiff Repullo Casiano.