Se cumple augurio de análisis en TRIBUNA – Puerto Rico

Tal como lo habíamos anticipado en un análisis aquí en TRIBUNA – Puerto Rico, el proyecto de reforma contributiva prometida por el gobernador Alejandro García Padilla para atender la crisis de la degradación crediticia del país no estará listo para este año y comenzará a atenderse para el 2015. García Padilla aplazó hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para la entrega del informe final que deberá rendir el Grupo Asesor de Reforma Contributiva creado  por él durante el pasado año. 

Uno de los propósitos de esa reforma contributiva es atajar el problema de evasión contributiva y allegar más recaudos al fisco. Originalmente, el Comité creado en agosto de 2013 debía someter sus recomendaciones a más tardar el 31 de diciembre del pasado año.

En el análisis cuando García Padilla incluyó la reforma contributiva como parte de sus propuestas para atender inmediatamente la degradación crediticia, dijimos que una medida de tal complejidad y magnitud económica y fiscal tomaría aprobarse en término no menor de entre dos y tres años.

El grupo especial de trabajo lo encabeza la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y lo componen, además, los titulares de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un integrante de la Asociación de Economistas, y dos miembros designados por los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, entre otros.

Un estudio publicado recientemente por la firma consultora Inteligencia Económica, del economista Gustavo Vélez, indica que la evasión del IVU ronda el 44%, lo cual provoca pérdidas anuales estimadas en $900 millones al erario público.

Pero contrario a la estrategia del Gobernador para atender el problema del déficit fiscal y la degradación crediticia de Puerto Rico, en los análisis en TRIBUNA – Puerto Rico hemos enfatizado que la causa de la degradación a “chatarra” del crédito público de Puerto Rico es económica, no principalmente de gastos fiscales, aunque se hace necesario controlar el despilfarro.

El problema principal es que las recaudaciones del Departamento de Hacienda se han ido reduciendo y pierde de recaudar alrededor de $2,500 millones anuales, conforme a los estimados que se han hecho.

El problema de la reducción en los recaudos fiscales tiene una combinación de factores, según apuntan los economistas: una pobre actividad económica y la deficiencia en la captación de las recaudaciones fiscales. A eso hay que agregarle que en el afán de seguir cuadrando los presupuestos del Gobierno mediante más deuda y poder evadir las cortapisas constitucionales.

Fue a tales efectos se creó la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), con lo cual se reducen los ingresos al Fondo General porque hay que separar de los recaudos un monto de reserva para el pago de la deuda.

COFINA se creó para financiar $6,800 millones en deuda que previamente carecía de fuente de repago (deuda no constitucional), Originalmente, del 7% del IVU, un uno por ciento iba destinado a COFINA., pero en 2009 se enmendó la Ley 91 para aumentar a 2.75% ese porcentaje y el Gobierno poder emitir cerca de $6,000 millones en nueva deuda.

Sin un plan de desarrollo económico, las medidas de ajuste fiscal no servirán de mucho.