Buscan alternativas para hacer costo efectivo sistema de grilletes electrónicos

El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Luis Vega Ramos (PPD), manifestó hoy que la comisión se propone estudiar cómo hacer más costo efectiva la supervisión electrónica previo a juicio, de las personas indigentes que están acusadas de delitos graves, sin que se afecte su derecho constitucional a la fianza.

La posición del legislador se produjo tras la discusión del Proyecto de la Cámara 1333, que propone que los imputados de delitos graves que están bajo supervisión electrónica por parte de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), paguen la totalidad de los costos de este sistema. En la actualidad pagan el 75% de este gasto.

“Este proyecto del compañero, José Báez Rivera (PPD), ha abierto la puerta a un debate entre asegurar que la OSAJ tenga los recursos mínimos para solventar su operación, y el derecho constitucional de los imputados a la fianza, pero están en estado de indigencia que no pueden pagar la totalidad de estos costos. Esto pone de manifiesto la necesidad de mirar este proyecto con más detenimiento porque después de todo un dólar invertido en el buen funcionamiento de OSAJ, rinde más, cuesta menos al pueblo, que un dólar invertido en una persona acusada delito encarcelada”, indicó el representante.

La determinación fue tomada ante las posiciones encontradas en torno al proyecto que también elimina la devolución de los fondos que pague el imputado, si se no se le encuentra culpable del delito del que se le acusó.

Por su parte, el director ejecutivo de la OSAJ, Abid Quiñones Portalatín, favoreció el proyecto ya que el servicio “representa un costo sumamente oneroso para el Estado”, el cual aseguró no pueden seguir sufragando. Añadió además, que usualmente los imputados de delitos que utilizan estos dispositivos, tienen los recursos económicos, ya que deben pagar una fianza monetaria, el cual no es diferida por OSAJ, y pagan representación legal privada, por lo que se pueden deducir que pueden costear este sistema que es de $9.25 el día para el GPS y $2.34 por los grilletes electrónicos.

Además, favoreció la eliminación de la cláusula de la Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio”, en el que se devuelve lo pagado por el imputado, de salir no culpable.

“Entendemos que el Estado ofrece un servicio durante el transcurso del proceso criminal no solo de monitorear al imputado de delito, sino también de velar por la seguridad de las alegadas víctimas mientras se dilucida el proceso. Por lo que la devolución del costo del dispositivo por hechos no atribuibles a la OSA, quien realiza un arduo trabajo de seguimiento y supervisión en beneficio de la seguridad pública, podría ser utilizado para poder reclutar personal y equipo que tan necesario es a la agencia”, dijo Quiñones Portalatín.

Entretanto, el Departamento de Justicia, no “presentó objeción legal” a la medida, sujeto a que se enmiende el proyecto de modo que el imputado solo pague parte de estos costos y que se le devuelva los fondos, si el mismo es declarado no culpable, ya que afectaría a los acusados que se encuentran en estado de indigencia, por lo que no podrían disfrutar del derecho constitucional a la fianza. Esta supervisión se obliga en casos tales como asesinato, violencia doméstica, secuestro y ciertos artículos de la ley de sustancias controladas y la ley de armas.

Mientras que el designado secretario, licenciado César Miranda, levantó una controversia de índole constitucional, en cuanto a la no devolución de lo pagado por el acusado para los gastos del monitoreo, ya que “subleva su otro derecho constitucional de no ser privado de su propiedad sin un debido proceso de ley”.

Mientras que la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), señaló que la medida “presenta serios cuestionamientos en cuanto a varios derechos constitucionales, tales como el derecho a la fianza, la protección contra fianzas excesivas, la igual protección de las leyes, la prohibición de servidumbre involuntaria”, por lo sostuvo que es necesario demostrar la existencia de un interés apremiante del Estado para la aprobación de la medida.

Por su parte, la licenciada Josefina Royo Mendoza, en representación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, se mostró a favor de la medida, que busca “fortalecer la protección a todas las víctimas en Puerto Rico, en particular las víctimas de violencia doméstica, con la fiscalización necesaria del imputado en la libre comunidad”.