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Gobernando a espaldas del pueblo

Se hizo ley con la firma del Gobernador la reforma al retiro magisterial a apenas horas de haberse aprobado finalmente en el Senado durante la oscuridad de la noche. El Gobierno “fast track” de Alejandro García Padilla prescindió de los actuarios del sistema de retiro magisterial durante todo este proceso de redacción del proyecto legislativo, vistas públicas y firma para conversión en ley a toda prisa de lo que ya en la calle se conoce como “la deforma” de la jubilación de los educadores del sistema público de enseñanza.

Se reformó de manera atropellada un sistema de retiro complejo que tiene actualmente 41,973 miembros activos, 32,626 pensionados, 2,239 miembros acogidos al retiro de incapacidad, 3,131 beneficiarios especiales (cónyuges o menores de edad), 738 miembros que tenían un derecho a reintegro de sus aportaciones más el interés acumulado de esas aportaciones luego de dejar de ser empleados del Departamento de Educación. En suma,. Se trata de un sistema de retiro integrado por 80,707 personas.

Las pensiones presentes y proyectadas del sistema de retiro magisterial constituyen un compromiso por valor actual de $12,351 millones, pero el sistema cuenta únicamente con activos de $2,099 millones. Esto representa una deficiencia actuarial de $10,252 millones. En lo que ha transcurrido del presente año fiscal, el sistema de retiro magisterial ha tenido que pagar unos $606 millones en beneficios y gastos administrativos, pero las aportaciones patronales y del magisterio ascienden a sólo $275 millones. La deficiencia en lo que va del año fiscal es de $331 millones.

Ante un cuadro de déficit actuarial como éste, surgen dudas muy razonables de que la ya ley de reforma al retiro magisterial pueda resolver este grave problema deficitario. Por lo menos, no hubo una evaluación ponderada y fehaciente durante el proceso de aprobación del proyecto legislativo de la reforma que el Gobernador convirtió en ley a unas horas de haberse aprobado finalmente en el Senado.

Ahora, el periódico digital TRIBUNA – Puerto Rico acaba de publicar un artículo en el que se indica que mientras la atención de los medios y del pueblo de Puerto Rico se centraba en la discusión de la reforma al Sistema de Retiro para Maestros y las demás medidas presentadas por el gobernador García Padilla en la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, el el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) tomaba prestado una cantidad de la que se desconoce la cantidad, mediante tres emisiones de bonos efectuadas el pasado jueves 19 de diciembre.

La información la obtiene TRIBUNA – Puerto Rico del blog de la agencia de noticias Reuters, donde se da a conocer esas tres emisiones para las que no se puede encontrar una declaración oficial. Las emisiones tienen como período de madurez el 2017, 2018 y 2019. En la información publicada en la página de Internet del Municipal Securities Rulemaking Board no se incluye la cantidad de dichas emisiones y se establece que se pagará una tasa de interés del 8%, lo que representa casi cuatro veces la tasa de interés que Reuters ha estimado para los bonos generados bajo la calificación crediticia en la que se encuentra el Gobierno de Puerto Rico, que es en estos momentos Baa3.

El periódico digital TRIBUNA – Puerto Rico destaca que en la nota periodística de Reuters bajo la autoría de Cate Long se critica la poca información que aparece publicada sobre estas emisiones y señala que, ante la alta tasa de interés que se pagará, se puede especular que las tasas para futuras emisiones de COFINA podrían ser mucho más altas.

Tal parece que estas emisiones de bonos se hicieron subrepticiamente, porque ni La Fortaleza, ni el Banco Gubernamental de Fomento, ni el Departamento de Hacienda han producido información oficial a la prensa al respecto y el pueblo de Puerto Rico ha tenido que enterarse a través del trabajo investigativo de TRIBUNA – Puerto Rico.

El autor fue columnista del desaparecido periódico El Mundo y ha escrito columnas y colaboraciones de análisis para la sección de noticias internacionales de El Nuevo Día. Es actualmente oficial de prensa y comunicaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT).

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