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Senadora del PIP exige retiro de nombramiento de Tuller

«Ya está claro que el Gobernador y el Senado se equivocaron al confirmar a Luis Sánchez Betances; están a tiempo para no repetir el error con James Tuller», señaló hoy la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien se opuso a la confirmación del Secretario de Justicia subrayando su carácter mendaz y sus respuestas evasivas.

«Aquí la mayoría parlamentaria defendió a Sánchez como ‘uno de los mejores reclutamientos que se ha hecho para el país’ y como ‘un nombramiento extraordinario'», indicó la legisladora independentista, citando del debate para la confirmación de Sánchez.

«Ahora ven luces por Tuller porque viene de Estados Unidos, y piensan que es lo máximo. Si para algo ha servido la actuación imprudente y antiética de Sánchez Betances, es para hacer claro que el Superintendente, ajeno a muchas cosas de nuestra idiosincrasia, está en perfecta sintonía con las actitudes de sumisión política y encubrimiento que tanto han lesionado el servicio público. Su negativa a contestar honestamente si recibió o no una llamada del Secretario para pedir trato privilegiado, su incapacidad de defender frontalmente a sus oficiales ante la intervención indebida de Sánchez Betances y su renuencia a hacer expresiones definitivas hasta tanto no estuviera listo el informe de Fortaleza, con el fin evidente de acoplarse a la versión del gobernador, hacen clara su pobreza de juicio, su debilidad de carácter y su subordinación al criterio político. No es a ése tipo de personas al que le podemos confiar la atención al crítico problema de la criminalidad. Su nombramiento debe ser retirado de forma inmediata», declaró la también Vicepresidenta del PIP.

La Senadora Santiago reclamó además que se haga público el informe sometido por el Inspector Jimmy Ortiz, según el cual, se ha reseñado, Sánchez pudo haber sido advertido de que su intervención constituiría obstrucción a la justicia, así como toda evidencia documental o de otro tipo relacionada con el incidente.

«Están además en cuestionamiento los contratos gubernamentales del bufete del cual es socio el licenciado Sifre. No es propio que se lucre con recursos del pueblo de Puerto Rico una persona que, en primer lugar, cometió delito y que además, procuró al momento de su arresto la intervención del Secretario de Justicia en búsqueda de trato preferencial», sostuvo la portavoz del PIP. El Bufete Sifre-Muñoz Noya se beneficia de varios contratos que, en conjunto, le permiten facturar $750,000 al año.

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