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Radicarán querella ética contra Secretario de Justicia

El Secretario General del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, el Director Ejecutivo de la colectividad, Jorge Dávila, el senador Carmelo Ríos y el ex presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, anunciaron la radicación de una querella formal ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), en contra del Secretario del Departamento de Justicia, Luis Sánchez Betances, por la posible violación de la sección 4.2 del Código de Ética Gubernamental, las cuales podrían constituir delito grave y pena de cárcel por término fijo de 4 años. Vea las fotos

Los líderes de la Palma aseguraron que la alegada conducta anti ética de Sánchez Betances no puede quedar impune.

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Torres Zamora sostuvo que nunca se había visto tal imprudencia de un Secretario de Justicia ejerciendo presión indebida para salvar a un íntimo amigo y ex socio de su pasado bufete.

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“Hoy nos encontramos ante un escándalo de proporciones mayores que involucra a un secretario del gabinete constitucional y quien es el abogado del pueblo de Puerto Rico. Es por ello que en la tarde de hoy el PNP estamos anunciando la radicación de una querella formal ante la Oficina de Ética Gubernamental para que se tome acción inmediata”, manifestó el Secretario PNP.

Por su parte, el Director Ejecutivo, Jorge Dávila, levantó varias interrogantes que ponen en tela de juicio la palabra del Secretario de Justicia.

“Sánchez Betances admitió que fue al cuartel de tránsito de San Juan, lo cual su mera presencia es un acto impropio y anti ético. Ahora bien, el pueblo se merece una explicación y el detalle de qué exactamente ocurrió. ¿A quién llamó inmediatamente después que le notificaron? ¿Cuándo llamó? ¿Con quién de la Policía habló? ¿A quién de los fiscales llamó? ¿Qué instrucciones dio? ¿Es cierto que llamó a Jorge Colberg sobre el asunto?”, dijo.

“En plena época de Navidad, donde abundan las tragedias por los excesos del alcohol, y donde el mensaje y política pública del gobierno debe ser la moderación, a fin de proteger la pérdida de vidas en nuestras carreteras, no se puede estar enviando mensajes confusos, avalando conductas desacertadas por parte del funcionario responsable de que se cumplan las leyes con todo su rigor. Nadie duda que este sea un asunto que apremiaba la intervención del Gobernador de Puerto Rico, la cual no debía dejarse pasar por alto, nadie imaginaba que la reacción oficial de La Fortaleza sería de impunidad y poca responsabilidad al intentar justificar lo injustificable. Ahora cabrá preguntarse: ¿y ahora, con qué fuerza moral algún fiscal en Puerto Rico procesará a cualquier violador de la ley por delitos similares? En un principio creíamos que los actos del Secretario eran causados por la imprudencia y el mal juicio, ahora sabemos que la justicia es diferente para los amigos de la casa”, subrayó Carmelo Ríos.

El ex presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, exigió que el titular de Justicia provea hoy mismo, el listado de llamadas realizadas y recibidas por sus celulares, antes, durante y después de su visita al Cuartel de Transito de San Juan.

“Es imperativo que el Secretario le provea a la Directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, el récord completo de llamadas de todos sus celulares, tanto el personal como el oficial, en el tiempo antes de su llegada al cuartel, durante su estadía en esa comandancia, así como las que hizo al salir. Aquí se busca la transparencia en el proceso investigativo, y si no hay nada que ocultar no debería por qué temer. Ahora, si por el contrario, se rehúsan a brindar la información, esa acción de por sí sola es indicativa que posiblemente hubo influencias indebidas”, indicó.

Relacionado al vínculo que el Secretario de Justicia tiene con el intervenido, Dávila señaló en el pasado fueron socios a través del Bufete Sánchez-Betances, Sifre & Muñoz-Noya, y que tuvieron contratos en el gobierno de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá por más de $7 millones de dólares.

“El implicado en el caso de embriaguez es un donante activo del Partido Popular y tuvo junto a Sánchez Betances contratos millonarios en el pasado bajo las administraciones de Sila y Aníbal. Este señor no es un desconocido para la actual administración, ya que tiene contratos por más de $700,000 dólares. ¿Acaso esto no evidencia de favoritismo? Hay muchas interrogantes que faltan por contestar comenzando por el gobernador García Padilla”, señaló el ex Director de Turismo.

Por último, los líderes de la Palma emplazaron al gobernador García Padilla a que tome acción inmediata ante la imprudente y cuestionable del secretario de Justicia. “Mientras más tiempo pase sin que se tome acción, García Padilla demuestra la impunidad que hay bajo su gobierno con actuaciones anti éticas. Lo emplazamos a que se deje de chiquitas y que le pida explicaciones a Sánchez Betances”, concluyó el senador Carmelo Ríos.

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