Demandan al Colegio de Abogados por deuda y daños a comerciantes

El Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) y sus directivos fueron demandados por los operadores del restaurante que ubica en su sede de Miramar, en Santurce, por deudas ascendentes a $15,000 dólares, daños y perjuicios, asi como para paralizar un injusto proceso de desahucio en su contra.

Carlos R. Méndez y Tania E. Meisner Bayó, concesionarios del restaurante en el CAPR afirmaron que el remedio legal ha sido el último recurso para lograr un acuerdo con la presidenta Ana Irma Rivera Lassén, luego que los representantes legales de la institución fueran desautorizados en las negociaciones que sostenían para lograr un nuevo contrato entre las partes y durante las cuales ya habían alcanzado acuerdos.

“Entendemos que el contrato fue renovado como parte de las negociaciones habidas con los representantes de la Fundación del CAPR, el CAPR y la Corporación Picar Food Service Corporation que opera el Restaurante. Pero la dirección del Colegio alega que sus representantes no tenían la capacidad legal para llegar a esos acuerdos. El Tribunal deberá decidir en derecho dónde está la razón”, dijo el Lcdo. Luis F. Abreu Elías, representante de los concesionarios.

Los representantes del CAPR, según la demanda sometida ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, fueron los licenciados A. J. Bennazar por la Fundación del y Luis E. Dubón Arraiza por la institución.

La demanda va más allá del contrato en litigio para revelar que se trata de la culminación de una relación que se ha venido deteriorando a raíz de la elección de la nueva presidenta, Lcda. Rivera Lassén.

Los demandantes alegan que la actitud de la Presidenta hacia su negocio le ocasionó serias pérdidas económicas que le impidieron cumplir con pagos al Colegio. La condición económica de la corporación se agravó con la negativa de la administración del CAPR de pagarle deudas por mas de $15,000.00 contraídas con el restaurante.

“Desconocemos por qué se nos ha querido empujar hasta considerar la quiebra cuando este establecimiento estuvo cerrado por tres años y fuimos nosotros los que logramos levantarlo cuando el pasado Presidente, Osvaldo Toledo, hizo el compromiso con los colegiados de reabrirlo. Nadie lo quería porque el Colegio estaba pasando por su peor momento con la reducción en su matrícula a causa de la descolegiación y con una demanda millonaria por pagar. Pero nosotros decidimos asumir dicha responsabilidad y siempre hemos sido fieles colaboradores del Colegio”, expresó Méndez.

“El primer año de operación fue de grandes sacrificios pero el restaurante logró sus metas económicas y comenzó a crear una clientela, un ambiente inclusivo, ameno y abierto a todos y todas por igual. Se cumplió con el canon de arrendamiento y en ocasiones se hicieron pagos adicionales cuando se superaban las ventas básicas. Todo cambió cuando cambió la Presidencia. Al percatarnos de lo que estaba ocurriendo, pusimos el contrato a disposición del Colegio para rescindirlo por mutuo acuerdo. Pero nos ignoraron. Ahora hemos llegado a esta encrucijada lamentable. Nos botan y no podemos quedarnos cruzados de brazos”, agregó Meisner.