Quantcast
Denuncian cambios en Sistema de Permisos desestabilizará más la economía - :: TRIBUNA - Puerto Rico :: Política - Noticias de Política - Elecciones - Resultados Electorales - Noticias de Puerto Rico - Encuestas ::

Denuncian cambios en Sistema de Permisos desestabilizará más la economía

La “descomposición” del sistema de permisos propuesta por la administración del Partido Popular Democrático (PPD) es una amenaza al desarrollo económico, al flujo de casos en los tribunales y a la participación ciudadana, impulsada por revanchismo político, indicó la portavoz de la Delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.

“¿Dónde quedó la participación ciudadana, la gente primero?”, preguntó la Portavoz.

El P. de la C. 1447 descarga en la figura del Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) la facultad de otorgar los permisos y también la facultad de revisar dicha otorgación, por lo que elimina la Oficina Inspector General de Permisos (OIGPe), creada en virtud de la Ley 161-2009, la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (JR) y la Junta Adjudicativa de Permisos, estas últimas modificadas por la Ley 161-2009.

Al eliminar la Junta Adjudicativa de Permisos, le quita la toma de decisiones en casos discrecionales a un grupo colegiado, compuesto por profesionales de diversas industrias, para delegarlo en una sola persona sin el conocimiento y la experiencia agregada de la Junta que reemplaza.

“Esta medida promueve los conflictos éticos, como parece ser la prerrogativa de esta Administración. Esto se presta a que se cometan errores, se favorezca a los amigos de la casa o se le deniegue, por razones caprichosas, a otros los permisos. Además, deposita en una misma figura la responsabilidad de otorgar los permisos y la de fiscalizar y auditar dicha otorgación”, criticó González.

De eliminarse la Junta Revisora los tribunales se inundarían de casos sumamente técnicos y complejos, lo que causaría demoras en su resolución, además de crear una falta de uniformidad en las decisiones (al verse por distintos jueces sin el peritaje necesario), lo que afectaría el desarrollo económico del País.

Además, explicó la expresidenta cameral,los costos prohibitivos de presentar un caso ante el Tribunal de Apelaciones afectaría, adversamente, a personas y comunidades de escasos recursos que quieran presentar una objeción, así como a las PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas).

La JR fue diseñada para facilitarle a la ciudadanía su participación en la reclamación de sus derechos o intereses, ya que les ahorra dinero, tiempo y ofrece flexibilidad en los procesos. Por ejemplo, el costo de presentar un recurso ante la JR es de $25.00, un recurso ante un tribunal costaría, entre abogados y sellos, sobre $2,500.

“El Gobierno Central perdería un foro que puede evaluar si en efecto los municipios autónomos están administrando sus convenios de conformidad con los instrumentos de planificación que le fueron delegados. A su vez, pondría a los municipios a acudir a los Tribunales; actualmente, acuden a la JR en aquellos casos en los que tienen interés”, señaló el representante Jorge Navarro Suárez.

“El Tribunal de Apelaciones es un foro que por lo general no celebra vista pública y resuelve por los escritos que se presentan lo cual pone, al ciudadano común y a las PYMES que no tiene los recursos para pagar un abogado, en un estado de indefensión. No podemos perder de vista que las reglas de los tribunales son de estricto cumplimiento y que cualquier error conlleva la desestimación del recurso”, añadió Angel “Gary” Rodríguez.

La legislación podría aumentar los costos de solicitar un permiso en más $3,000. Esto se debe a que la medida pretende que se notifique a todos los vecinos, dentro de un radio de 100 metros alrededor de la propiedad, por correo certificado. Dentro de una zona urbana con alta densidad poblacional, esto puede significar más de 400 colindantes.

“La razón de ser de este proyecto de Administración es sacar de sus puestos a funcionarios nombrados a término durante el pasado cuatrienio. Pero no se dan cuenta de las graves repercusiones de este proyecto para las comunidades y la participación ciudadana; el desarrollo económico, la competitividad de Puerto Rico, las PYMES, la autonomía municipal y la descentralización del Gobierno”, alertó Rafael “June” Rivera.

Esta Administración ha creado una comisión para que rinda un informe con recomendaciones para crear regiones autónomas entre municipios y descentralizar funciones que tradicionalmente realizaba el gobierno central.

La política pública impulsada por dicha comisión es “atacar la burocracia en los sistemas administrativos que afecten la eficiencia en los servicios y en la administración de los fondos públicos, así como promover el desarrollo económico de los municipios de manera equitativa. El P. de la C. 1447 es inconsistente con la política pública de descentralización esbozada por esta administración”, enfatizó el representante Pedro J. “Pellé” Santiago.

Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos

La Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (JR), creada en virtud de la Ley 161-2009, es el foro apelativo, cuasi judicial, de las determinaciones emitidas por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), los municipios autónomos con oficina de permisos, así como de los profesionales autorizados.

Tres miembros asociados componen la Junta Revisora: un ingeniero con licencia, una planificadora con licencia y una abogada, quien es la presidenta. Es un foro colegiado y especializado cuyos miembros tienen más de 10 años en la materia según requerido por la Ley 161.

Participación ciudadana

La Junta Revisora fomenta la participación ciudadana y da acceso a las personas en un foro especializado, nunca se le ha negado participación a ninguna parte con interés, así lo demuestran todas las determinaciones de ésta.

No es necesario un abogado para radicar recursos ante la Junta, lo que facilita que personas de bajos recursos comparezcan ahorrándose el dinero que representa un tribunal. Tampoco aplican las estrictas reglas de la corte, por lo que las personas tiene mayor oportunidad de expresión y flexibilidad en su discurso.

“La JR el único foro revisor especializado que resuelve dentro de un término jurisdiccional de 120 días, contrastando con los tribunales que se pueden tardar hasta 5 años. Todas las determinaciones presentadas se han resuelto dentro de ese término y las mismas han sido confirmadas en los tribunales, es decir es ágil, eficiente y no genera pérdida de tiempo”, indicó José Aponte Hernández.

Oficina del Inspector de General de Permisos

La OIGPe, creada por la Ley Núm. 161, fiscaliza el cumplimiento de las determinaciones finales, permisos y certificaciones emitidas por la Oficina de General de Permisos, los profesionales autorizados y los inspectores autorizados; a su vez, puede investigar y procesar las querellas de fiscalización de cumplimiento referidas por los municipios autónomos con jerarquía de la I a la V y las entidades gubernamentales concernidas.

Junta Adjudicativa

Adscrita a OGPe se encuentra la Junta Adjudicativa que es la responsable de evaluar y adjudicar determinaciones finales y permisos de carácter discrecional. Los tres miembros de cada Junta Adjudicativa son nombrados por la Junta de Planificación.

TRIBUNA de Puerto Rico nace para ofrecer noticias sobre política, gobierno y justicia de una manera balanceada, justa y profunda.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply