Tribunal Federal ordena reinstalación de Agustín Montañez como Procurador del Veterano

El juez federal, Juan Pérez Giménez, ordenó la reinstalación inmediata de Agustín Montañez, a la posición de Procurador del Veterano.

En una extensa y detallada opinión, mediante la cual se concedió la solicitud de interdicto presentada por Montañez, el juez Pérez Giménez determinó que Montañez, fue nombrado por el Gobernador Luis Fortuño y confirmado por el Senado de Puerto Rico, como Procurador del Veterano por un término de 10 años.

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Según el Tribunal, Montañez tiene una expectativa legítima de continuidad en dicha posición hasta noviembre de 2021, así como un interés propietario en dicho nombramiento. El Juez Federal concluyó, además, que el Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, al remover a Montañez, ignoró el derecho de dicho funcionario a un debido proceso de ley, protegido al amparo de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El Tribunal dejó sin efecto el nombramiento de García Padilla de Elizabeth López Cabrera como Procuradora Interina cuando destituyó a Montañez y ordenó a los demandados a inhibirse de remover a Montañez de su posición de Procurador.

Como parte del análisis discutido en su opinión, el Juez Pérez Giménez aplicó la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 2005 en los casos de Guzmán v. Sila Calderón y Santana v. Gobernadora, en los cuales el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó, para propósitos del análisis de las facultades de nombramiento y remoción de funcionarios de la Rama Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico y la facultad de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de limitar dichas facultades, la doctrina constitucional desarrollada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en casos de similar naturaleza.

Menciona la Opinión, además, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico citada por los demandados para sostener la validez de la destitución de Montañez, data de 1945, y es previa a los casos federales que establecieron la doctrina federal vigente, también adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 2005.