Comienza evaluación de proyecto contra el “Cyberbullying”

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, inició hoy vistas públicas del Proyecto de la Cámara 1141 cuyo fin es definir una política pública para enfrentar el fenómeno del acoso cibernético (Cyberbullying) particularmente entre las poblaciones de niños y adolescentes en Puerto Rico.

La discusión de la medida inició con una presentación de la empresa WAPA TV, peticionaria de la misma, y con el apoyo del Departamento de Justicia y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

El P. de la C. 1141 fue presentado por los representantes Luis Vega Ramos (PPD) y Ramón Luis Cruz Burgos (PPD) a solicitud de la empresa televisiva y a raíz de una investigación sobre el problema llevada a cabo por el programa Lo sé todo.

“La tecnología se le ha ido al frente al Derecho, eso permite que aditamentos como las computadoras, los teléfonos inteligentes y las tabletas con acceso a la Internet sean nuevos puntos de acceso para que personas inescrupulosas puedan acosar o agredir emocionalmente a nuestra niñez. Como en el pasado, impulsé con éxito legislación para castigar con mayor severidad a los productores y vendedores de la pornografía infantil, ahora trabajaré con los medios y mis compañeros en legislación efectiva en la protección de nuestros niños y adolescentes”, señaló Vega Ramos.

Jimmy Arteaga,Vicepresidente de Programación y Promociones de Wapa TV, expresó que fue frustrante conocer que no existe legislación específica que atienda el tema, lo que deja a las víctimas de acoso cibernético desprotegidas, y los victimarios, impunes. “No existe un perfil del acosador, lo que presupone que las víctimas pueden ser de cualquier sexo o edad. Por lo tanto, todos estamos expuestos a pasar por esta situación. Sin embargo, estudios reflejan que la mayoría de los casos ocurren en la etapa de la adolescencia.  Las estadísticas de la gravedad y seriedad de este tema son alarmantes y están incluidas en el proyecto propuesto, sólo hay que leerlas para saber que, si ellas son a base de una muestra de casos conocidos o reportados, la realidad debe ser mucho peor. Tenemos que ver el acoso cibernético como una acción deplorable en la cual puede estar involucrado algún familiar, un amigo, un conocido o hasta uno mismo”, añadió.

Mediante ponencia escrita, la Decana de la Escuela de Derecho de la UPR, Vivian Neptune, también apoyó la medida y recomendó enmiendas para aclarar las definiciones al tiempo que exhortó a las escuelas públicas y privadas a crear un curso de orientación para los estudiantes.

Por su parte, el Secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, endosó la propuesta que busca establecer la Ley para la Prevención y el Manejo del Acoso Cibernético y reconoció el incremento de los delitos cometidos a través del Internet, requiere pronta aprobación de legislación que regule el acceso, manejo y uso de los equipos electrónicos y cibernéticos y a su vez que penalice el uso indebido e ilegal de los mismos.

Justicia señaló la necesidad de definir y distinguir las modalidades de agresión cibernética (Cyberbullying) y acecho cirbernético (Cyberstalking). También llamó la atención, a preguntas del Presidente de la Comisión, el representante Vega Ramos, en torno a la necesidad de proteger a la víctima del acoso cibernético, establecer mecanismos para atender y rehabilitar las conductas de los agresores cibernéticos particularmente cuando los mismos son menores de edad. Vega Ramos adelantó que estará solicitando una opinión y análisis legal más extenso del Departamento sobre ambos aspectos así como otros relacionados a la legislación federal aplicable sobre la Internet , sus proveedores, redes sociales y las consecuencias legales de las interacciones que se dan en las mismas.

De igual manera Vega Ramos adelantó que citará al Departamento de Educación, al Departamento de la Familia, así como a Procuradores de Menores del Departamento de Justicia.

“Es esencial citar a este personal porque en la mayoría de los casos no sólo la víctima es menor de edad, si no que el agresor también es menor de edad. Como los procesos de tramitar esas faltas son distintos a los de los adultos, queremos asegurarnos que la ley aplique adecuadamente no sólo a los menores que son víctimas, si no que permita una oportunidad de justicia terapéutica para rehabilitar a los victimarios”, concluyó.