Ante la noticia del posible cierre del Centro de Salud Mental de San Patricio por los cambios provocados por la “Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Un Precio Bajo”, mejor conocido como Obamacare, la Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, advirtió que de finalmente concretarse dicho cierre otros dos centros de tratamientos a pacientes mentales (participantes) ubicados en Mayagüez y Moca podrían correr también con la misma suerte.
“La semana pasada radiqué la Resolución del Senado 495, que ordena realizar una investigación sobre el impacto que tendrían los cambios en las regulaciones federales en los servicios que ofrece ASSMCA a la comunidad. Luego de lo denunciado ayer por pacientes y personal del Centro de Salud Mental San Patricio, le solicito a la mayoría parlamentaria en el Senado que dé paso con urgencia a esta medida para evitar que esta lamentable situación se repita en los otros centros”, manifestó Santiago junto a pacientes y profesionales del Centro de Salud Mental San Patricio.
La Senadora Santiago advirtió en la Exposición de Motivos de su medida que los cambios en las regulaciones federales afectarían la renovación de servicios profesionales poniendo en peligro a alrededor de 230 empleados regulares que tendrían que cambiar de responsabilidad o ser cesanteado ante alegaciones de que los fondos federales asignados al Bloque de Salud Mental, no pueden ser utilizados en servicios facturables a la Reforma ni a los Medicare Advantage. Esto también afectaría de manera dramática los servicios que se están ofreciendo en distintos centros de salud mental.
“Precisamente el ejemplo que brindo en mi resolución es la situación del Centro de San Patricio que atiende cerca de 3,000 pacientes con 20 contratos y que provee alrededor de 20 empleos directos para brindar los servicios. Ayer tristemente, se vivió lo que advertimos hace una semana podría suceder. Se prescindió de los servicios indispensables de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales poniendo en riesgo no sólo la salud de los pacientes, sino la vida misma de éstos, quienes han manifestado, según nos informan, frente al administrador de ASSMCA, riesgos suicidas”, puntualizó la también Vicepresidenta del PIP.
Por su parte, el grupo de empleados del Centro de Salud Mental de San Patricio que acompañó a la Senadora Santiago en la Conferencia de Prensa, advirtió también que al transferirse los pacientes a APS estos corren el riesgo de perder los servicios integrales únicos en el área metropolitana, tales como ambulatorio intensivo, hospitalización parcial, unidad de cernimiento, clínicas ambulatorias y sala de estabilización.
Por último, la psicóloga clínica del Centro de San Patricio, Dra. Lucía Vázquez, denunció que la agencia está atropellando los derechos de los pacientes severamente afectados por su condición emocional, evidenciándose la falta de conciencia social del Administrador y sus asesores, pudiéndose interpretar que hay una violencia solapada hacia los participantes.
“La administración está violentando los derechos de los pacientes y la Ley 408 de Salud Mental, al no darle la oportunidad de que el paciente reciba el tratamiento y la atención de manera inmediata”, concluyó Vázquez.
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