La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, envió una carta al Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en donde solicita que se investigue las expresiones realizadas por los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), Jaime Perelló y Roberto Rivera, relacionadas a la privatización del Aeropuerto Internacional de San Juan (Luis Muñoz Marín).
“Esta mañana le suscribimos una misiva al agente especial del FBI, Joseph S. Campbell, en donde detallamos como estos dos legisladores del partido popular violentaron la sección 875 del Código de los Estados Unidos que trata con el comercio interestatal. Queremos que se realice una investigación exhaustiva de las acciones de ambos, las cuales, no solo van en detrimento del bienestar económico de la Isla, pero que a nuestro parecer, son ilegales”, comentó Charbonier.
Según se describe en la carta enviada hoy al FBI, la exsecretaria general del PNP, exige que se comience una pesquisa inmediata sobre las cartas enviadas por Perelló y Rivera a las empresas Ferrovial S.A. y Aeropuertos del Sur, entidades que se encuentran licitando la administración del primordial aeropuerto de Puerto Rico, en donde indicaban sus intenciones de investigar “hasta la saciedad” la transacción y que la misma podría ser cancelada si el PPD gana las elecciones de noviembre.
“Es mi convencimiento que Perelló y Rivera actuaron impropiamente y en contra de los principios que esperamos de nuestros legisladores, por eso la presidenta de la Cámara de Representantes tomó la acción de referirlos a la Comisión de Ética. Nosotros creemos que inclusive, ellos violentaron leyes federales y estoy convencida que la investigación federal demostrará que ambos intimidaron a empresas que se encuentran en conversaciones para hacer negocios en Puerto Rico, violando leyes federales que regulan el comercio entre jurisdicciones”, dijo Charbonier.
La aspirante novoprogresista indicó que los legisladores populares violentaron el Inciso (d), Sección 875 del Código Número 18 de los Estados Unidos, el cual estipula en una de sus partes que “cualquier persona, firma, asociación o corporación…transmite entre estados (jurisdicciones) cualquier comunicación conteniendo alguna amenaza de herir la propiedad o reputación de la entidad que se envía…puede ser multada bajo este titulo o encancerada por no más de dos años, o ambas”.
“Estamos emplazando a Alejandro García Padilla para que se exprese si la forma que estos legisladores de la pava fueron sancionadas por él. Estas acciones son ilegales y hay que fijar responsabilidades, si el candidato a la gobernación del partido de minoría autorizo esta intimidación y amenaza a empresas privadas, entonces debe ser investigado también”, añadió Charbonier.
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