Advierten de consecuencias de implementar nuevo Código Penal

El representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Hernández, envió una carta al gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, advirtiendo sobre la puesta en vigencia del nuevo Código Penal aprobado recientemente en la legislatura, hecho que catalogó como apresurado e irresponsable.

“Si el gobernador convierte en ley el Código propuesto, entrará en vigor en menos de siete semanas (el 1 de septiembre). Ese apuro irresponsable impide que se pueda capacitar a cerca de 15,000 policías, a cientos de jueces y fiscales y a cerca de 8,000 abogados que practican el derecho penal en Puerto Rico sobre las enmiendas adoptadas por la administración Fortuño”, indicó Hernández.

En la misiva enviada a Fortuño, Hernández indicó que “aunque preferiría que recapacitara y emitiera el veto que merece esta medida, le escribo para advertirle sobre los riesgos que tendría para la seguridad pública del país el poner en vigor un nuevo Código Penal sin permitir a todas las partes en interés el prepararse adecuadamente para la nueva normativa”.

Lea la carta

Tras recordarle a Fortuño que el Código del 2004 tuvo una vigencia de un año para capacitar a todos los sectores, Hernández declaró “Al presente, su administración no ha realizado el más mínimo esfuerzo en preparar a los miles de policías y fiscales, ni la administración de tribunales no ha hecho nada para preparar a cientos de jueces y personal de apoyo. Las consecuencias de este cuadro podrían ser devastadoras para el procesamiento penal de los delitos ocurridos en Puerto Rico. Más aún, se expone a la fuerza policíaca a responder en casos de violación de derechos civiles por falta del entrenamiento adecuado en momentos que, desde la ACLU hasta las autoridades federales, han cuestionado la conducta de nuestra policía durante su administración.”

Finalmente, Hernández reclamó al Gobernador que, si insiste en convertir en ley el nuevo Código, debe convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para extender su vigencia hasta el 1 de septiembre de 2013 y evitar el disloque del sistema de procesamiento penal y los riesgos que representaría para la seguridad pública de todos.