El Senado aprobó hoy una medida que concede ajustes en los servicios de luz y agua a las pequeñas y medianas empresas establecidas en los centros urbanos.
El Proyecto del Senado 457, de la autoría de la senadora Evelyn Vázquez Nieves, enmienda la “Ley de Incentivos para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas de Puerto Rico” para establecer estos nuevos incentivos económicos.
El informe de la Comisión de Comercio y Cooperativismo, que preside la senadora del distrito de San Juan, Liza Fernández, indica que la medida gira en torno a la necesidad de conceder mayores incentivos para estimular nuestra economía como herramientas para encarar la difícil situación económica que estamos enfrentando hoy día. Asimismo, expone que durante los pasados años factores económicos como los altos costos operacionales y laborales, han contribuido al cierre de un sinnúmero de empresas pequeñas cuyos limitados recursos las imposibilitan de competir frente a grandes empresas con recursos suficientes para mantener sus operaciones.
La medida permitirá a las pequeñas empresas solicitar un ajuste en sus tarifas de energía eléctrica y agua, las cuales según cómputos de la AEE será de porcentaje mayor al ya concedido a las pequeñas empresas en la Ley Número 169. Posiblemente representará un crédito promedio de 14% de la facturación total.
El informe aclara que sesula pertinente aclarar que el efecto de la aprobación del P. del S. 457, no implica que las pequeñas empresas puedan acogerse a ambos incentivos toda vez que la propia Ley Número 169 prohíbe “recibir otro crédito o subsidio, o estar acogido a alguna tarifa especial por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica.”
De la misma forma, el Senado aprobó la Resolución Concurrente del Senado 53 presentada por el senador Larry Seilhamer, que solicita al Congreso de Estados Unidos de América aprobar el proyecto H. R. 3020, conocido como “Puerto Rico Investment Promotion Act of 2011”, y expresa el apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a dicha iniciativa.
El proyecto H. R. 3020, conocido como “Puerto Rico Investment Promotion Act of 2011”, presentado por el Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, busca mayores beneficios contributivos para las corporaciones foráneas que se establezcan en la Isla con el propósito de atraer inversión económica y promover la creación de empleos en Puerto Rico.
Específicamente, el proyecto añade la Sección 933A al Código de Rentas Internas Federal con el fin de que las corporaciones de control foráneo (CFC, por sus siglas en inglés) incorporadas en Puerto Rico sean reconocidas como domésticas para propósitos contributivos, si obtienen por lo menos el 50% de las ganancias de sus negocios en la Isla. Esto les permitirá no estar sujetas al pago de contribuciones federales sobre los ingresos que generen en Puerto Rico.
Por otro lado, la Cámara Alta favoreció la Resolución Conjunta del Senado 964 presentada por la senadora Margarita Nolasco Santiago que ordena a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, a que en coordinación con el Departamento de Educación y cualquier otra agencia o departamento del Gobierno de Puerto Rico que este entienda necesario, desarrolle e implante un proyecto piloto para la prevención del abuso de sustancias, agresividad y suicidio, basado en la estrategia conductista “Good Behavior Game”, en salones de primer y segundo grado en escuelas de Puerto Rico.
El Senado aprobó las siguientes medidas:
El Proyecto del Senado 2112 sometido por la senadora Lucy Arce Ferrer enmienda la Ley Número 14 de 2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña” a los fines de establecer que 1% de los contratos relacionados a productos y servicios otorgados por el Gobierno de Puerto Rico sean adjudicados a Compañías en las que sus propietarios sean veteranos dueños de pequeños negocios.
El Proyecto del Senado 2490 presentado por el líder del Alto Cuerpo Thomas Rivera Schatz enmienda la Ley Número 135 de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, la Ley Número 73-2008, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, a los fines de reiterar la norma establecida en los distintos estatutos de exención contributiva y aclarar cualquier duda con relación al alcance de las facultades delegadas a los distintos funcionarios del ejecutivo a los cuales se les ha encargado la administración de las concesiones de exención contributiva.
El Proyecto del Senado 2633 sometido por el senador Angel “Chayanne” Martínez enmienda la Ley Número 72 de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de añadir los alimentos medicinales y correctores metabólicos.
El Proyecto del Senado 2694 presentado por el senador Larry Seilhamer Rodríguez enmienda la Sección 5 de la Ley Núm. 132 – 2010, según enmendada, conocida como Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles, y añadir un inciso (c) al Artículo 5 de la Ley Núm. 216 – 2011, según enmendada, conocida como Ley de Transición del Programa de Impulso a la Vivienda, con el propósito de precisar que las acciones administrativas que realice el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales para implantar la exención del pago de la contribución sobre la propiedad inmueble dispuesta en las mencionadas leyes, en nada menoscabarán el derecho del adquirente de una Propiedad de Nueva Construcción a acogerse a las exenciones concedidas.
El Proyecto de la Cámara 4006 enmienda la Ley Número 133 de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico”, añade una Sección 46 para disponer sobre la jurisdicción del Contralor lo cual ya estaba incluido en la Sección 41 que se deroga; añade una Sección 47 para disponer sobre la jurisdicción de la Oficina de Ética Gubernamental, lo cual se traslada de la Sección 42 que se deroga; añade la Sección 48 para disponer sobre las multas y penalidades, tema proveniente de la Sección 43 que se deroga; incluye la definición de “Empleado de la Asociación” y distinguirlo de los empleados de las entidades gubernamentales, incluye la definición de “Candidato a Delegado”, “Delegado”, “Delegado Alterno”, “Delegado Suplente” y “Socio”; elimina el procedimiento de arbitraje y llevar los casos ante el foro judicial; restablece que las propiedades y negocios de la Asociación, así como los que pueda adquirir en el futuro, se declaran exentas de toda clase de impuestos, derechos y contribuciones; corrige ciertos errores de técnica legislativa; reestructurar la Ley.
La Resolución Conjunta del Senado 1027 sometida por el senador Luis Berdiel Rivera reasigna al Municipio de Yauco, la cantidad de $30,000 dólares; y al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de $30,000 dólares, provenientes de los incisos 2b de la Resolución Conjunta Número 5 de 2012, para los propósitos descritos; para autorizar al pareo de los fondos reasignados.
La Resolución Conjunta del Senado 1046 presentada por los senadores Luis Berdiel Rivera y Larry Seilhamer reasigna al Municipio de Lares, la cantidad de $727,748.30 dólares, provenientes de las siguientes resoluciones: de la Resolución Conjunta Número 1429 de 1 de septiembre de 2004, la cantidad de $407,862.72 dólares; y de la Resolución Conjunta Número 338 de 14 de diciembre de 2005, la cantidad de $319,885.58 dólares, estos fondos serán utilizados para obras y mejoras permanentes.
El Proyecto del Senado 2625 de la autoría de la senadora Itzamar Peña enmienda la Ley Número 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el fumar en todo tipo de vehículos de motor en el que haya como pasajeros menores de 18 años de edad.
La Resolución Conjunta del Senado 1052 de la autoría del líder del Alto Cuerpo Thomas Rivera Schatz reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de $1,679,173.87 dólares provenientes de la Resolución Conjunta 125-2005, para obras y mejoras permanentes en el Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.
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