Reiterando su rechazo a la alteración de la composición legislativa mediante enmiendas constitucionales propuesta por el Partido Nuevo Pprogresista (PNP), y seguros de que prevalecerán en la impugnación judicial de dicha consulta, los candidatos legislativos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, presentaron hoy la reforma legislativa que propone la colectividad de cara a las elecciones del próximo noviembre.
Señalando que ¨La principal reforma legislativa la tiene en sus manos el país, si se decide a votar por buenos candidatos”, la licenciada Santiago reiteró el compromiso del PIP con un sistema unicameral: “Hay que hacer valer la voluntad ya expresada por el pueblo a favor de una Asamblea Legislativa unicameral. El proceso bicameral implica una duplicación de esfuerzos y gastos que, como se ha visto, no resulta en legislación de más calidad¨, puntualizó Santiago.
Igualmente, enfatizó que la composición de una legislatura unicameral debe responder al principio de representación proporcional que haga justicia a la voluntad de los electores con una composición que responda a la proporción de votos legislativos que obtenga cada partido político.
Por su parte, Denis Márquez indicó que aún bajo el actual sistema, hay espacio para aumentar la eficiencia y reducir los costos. “Hay que acabar con la práctica usual de las mayorías parlamentarias, cuatrienio tras cuatrienio, de crear comisiones cosméticas que se activan por medio de resoluciones genéricas para “investigar” durante todo el cuatrienio asuntos en el vacío. Esta es una lastimosa técnica legislativa que sólo sirve a la hiperinflación de las dietas con un resultado legislativo exiguo, que bien pudo tramitarse de otra manera. A veces el costo en dietas de la investigación, es mayor que lo que costaría resolver el problema¨, sentenció el también abogado.
Los candidatos independentistas promoverán además limitar el número de comisiones a 6; limitar los días de reunión de tales comisiones a 5 a la semana; limitar a 2 el número de comisiones a las que se puede pertenecer, con excepción de los portavoces y limitar a 1 año el término investigativo de las comisiones creadas por resolución.
Con relación a salarios, dietas, estipendios para vehículos y cualquier otro pago o beneficio a los legisladores, los candidatos del PIP expresaron que representa un enorme conflicto de intereses el que sean los propios legisladores los que determinen este tipo de cosas. ¨Por tal razón, legislaremos para delegar en una comisión ajena a la legislatura la toma de decisiones sobre todo lo relacionado a salarios y beneficios, cuyas decisiones serían vinculantes por parte de la Asamblea Legislativa. No obstante, queremos dejar claro hoy que los legisladores del PIP no aceptarán la doble compensación y renunciaremos al cobro de dietas¨, puntualizó Márquez.
Otras de las propuestas contenidas en la Reforma Legislativa que impulsaría el PIP son el condicionar la facultad de los cuerpos legislativos para someter a votación medidas por descargue, de forma que todos los legisladores tengan oportunidad de examinar aquello por lo cual van a votar; enmendar los reglamentos de la Asamblea Legislativa para hacer compulsorio el estudio y consideración de todos los proyectos de Ley que son referidos a las comisiones. De esta manera ningún proyecto de ley, fuere de mayoría o de minoría, debe engavetarse sin que se le dé una oportunidad razonable a sus autores de defenderlo en comisión y ante el pleno del cuerpo; promover que, para atender asuntos que afectan a ciudadanos de distintos pueblos, se celebren vistas públicas en todos los municipios, que sirvan además para informar regularmente a la Asamblea Legislativa sobre deficiencias y quejas comunes de la ciudadanía; consolidar las comisiones legislativas para ampliar su capacidad técnica y para garantizar su funcionamiento intenso y continuo durante los doce meses del año. Se exigirá a cada comisión que los informes que rindan a los cuerpos legislativos constituyan, no sólo un registro preciso del parecer de todas las partes consultadas durante el proceso investigativo, sino un análisis riguroso del tema investigado, con propuestas específicas, bien de legislación, recomendaciones al ejecutivo o investigación adicional, a las que se les dará un seguimiento adecuado.
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