Con el ánimo de reforzar la labor fiscalizadora de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), el Secretario de Estado, Kenneth McClintock Hernández, y la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, firmaron esta tarde un acuerdo de colaboración entre ambas agencias gubernamentales para dar acceso continuo a los récords digitales que ha desarrollado el departamento durante los pasados dos años.
“Al igual que le facilitamos trámites y transacciones a los ciudadanos por medio de la Internet en el Siglo 21, también le ofrecemos acceso total a la Oficina del Contralor y su equipo de trabajo mediante la digitalización e indexación de todos nuestros documentos”, explicó McClintock en conferencia de Prensa desde la sede del Departamento de Estado. “Estas bases de datos ahora existen en forma digital luego de dos años de intensa transformación a formato digital limitado, no a nuestra capacidad de pagar por esos servicios al momento, sino a la capacidad de nuestra clentela de pagar por su utilización en el futuro.”
“Esta base de datos, incluyendo datos que no se incluyen en la versión pública de internet por razones de confidencialidad, bajo este acuerdo podrá ser accesada por unos funcionarios designados por la Contralora desde sus propias oficinas para el riguroso escrutinio correspondiente, asegurando así la fiscalización que contribuye al buen uso de los recursos públicos y la tranquilidad de toda la población”, añadió.
Este convenio compromete al Departamento de Estado a ofrecer acceso ilimitado a la OCPR a todas las bases de datos que tenga disponibles en la actualidad y aquellas que tenga disponibles en el futuro. De igual forma, el Departamento pone a disposición de la OCPR todo el personal con peritaje en las respectivas áreas para aclarar cualquier posible duda. Un acuerdo similar fue firmado por McClintock recientemente con el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés).
Esta disponibilidad le permitirá a la OCPR acceder a distancia toda la información que necesite de la base de datos del Departamento de Estado, incluyendo récords corporativos, expedientes de 22 juntas examinadoras y otros registros que mantiene, sin necesidad de emitir citaciones, requerimientos de documentos ni presentarse físicamente a las facilidades de la agencia.
El acuerdo contribuye a reforzar la Ley #9 de 1952 que creó la Oficina del Contralor de Puerto Rico, adscrita a la Rama Legislativa, ya que podrá accesar información necesaria para sus investigaciones casi instantáneamente y sin necesidad de recurrir al tredioso proceso de emitir requerimientos de documentos. La Constitución de la Isla le confiere a esta agencia amplios poderes investigativos para fiscalizar todos los ingresos, cuentas y desembolsos del gobierno estatal.
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