El gremio Servidores Públicos Unidos en Puerto Rico (SPU), que representa a empleados de la Junta de Libertad Bajo Palabra, endosó hoy un proyecto que propone enmendar el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, con el fin de separar a ese organismo de la sombrilla de Corrección (P.C.3964).
La presidenta de la unión, Maruxa Cárdenas Surillo, sostuvo en vista pública sobre la medida del presidente de la Comisión de Gobierno, José Chico Vega, que la Junta es una entidad cuasi-pública, que al ser incluida en el conglomerado de Corrección conservó sus oficinas de administración, personal y presupuesto, y puede funcionar independientemente.
Incluso, a preguntas del representante, la funcionaria denunció que tras quedar adscrita, con otras agencias, a Corrección la Junta no cuenta con una estructura física idónea para que pueda cumplir con sus funciones conforme a lo que requiere la Ley, Jurisprudencia y Reglamentos Aplicables.
Cárdenas Surillo, sostuvo que la oficina no cuenta con un proceso confiable y de total confidencialidad que se le debe brindar a los servicios que ofrecen.
“El servicio más afectado es la confidencialidad de los procesos. Las salas son reducidas en espacio. Son divididas con unos plafones de ‘Gibson Board’ y se escuchan los procesos de una sala a otra. Han insulado algunas pero aún se escucha todo lo que se habla de una sala a la otra. O sea, que el confinado ‘X’ puede escuchar lo que se esta hablando de confinado ‘J’….y ahí no hay confidencialidad de ningún proceso”, narró.
También, la presidenta de SPU expresó que el problema se agrava por el hacinamiento que sufren al limitarse sus espacios de oficinas cuando se incorporaron varias agencias a Corrección y se ubicaron en el mismo edificio.
“Teníamos que estar todos bajo el mismo edificio de otras oficinas del componente del Secretario de Corrección para que todo estuviera centralizado y demás. Nos ofrecieron el espacio que estamos ahora pero en ese espacio nos iban a dividir como quiera nuestras oficinas de personal, presupuesto y administrativa”, dijo.
Ante las denuncias hechas por Cárdenas Surillo, el representante Chico Vega indicó que estudiará las mismas y se comunicará con el Secretario “para saber si tiene algún plan para cambiar esto. Precisamente lo que busca mi proyecto es buscar unos remedios para la Junta y toma más relevancia ahora, que lo menos que podemos hacer es que ustedes tengan el sitio adecuado y confidencialidad en el proceso”.
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