Se expresan a favor de profesionalizar a los guardias de seguridad

El Departamento de Justicia (DJ) recomendó hoy que se legisle a los efectos de educar a los guardias y detectives privados de manera compulsoria en lo referente a los derechos civiles, para profesionalizar a estos empleados a cargo de la seguridad, la vida y la propiedad.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Héctor Torres Calderón manifestó que su objetivo con esta evaluación es “elevar el rango de estos compañeros”, mediante legislación que los ponga a la par de cuerpos tales como la policía estatal o municipal.

En vista pública de la Comisión de Seguridad Pública, que preside el representante Héctor Torres Calderón, el secretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani, representado por la licenciada Perla Iris Rivera, planteó “que se legisle a los efectos de que los guaridas privados tengan que educarse de manera compulsoria en derechos civiles como parte de su currículo educativo”.

Añadió que esta “recomendación es de suma importancia sobretodo en los casos que el guardia privado es uno con derecho a portar arma de fuego”.

Estas expresiones se dieron en el marco de una investigación sobre la viabilidad de promulgar legislación encaminada a modernizar el marco legal bajo el cual se regulan y operan los servicios de estas agencias y guardias de seguridad.

Por su parte, Torres Calderón manifestó que su objetivo con esta evaluación es “elevar el rango de estos compañeros”, mediante legislación que los ponga a la par de cuerpos tales como la policía estatal o municipal.

“El concepto de guardia les adelanto no va a existir; van a ser oficiales de seguridad y detectives privados porque tenemos que trabajar con estos compañeros, para ayuden en el problema de seguridad del país”, dijo el legislador.

Otra de las sugerencias que presentó Somoza Colombani, es a los efectos de sancionar económicamente a las agencias de seguridad, cuyo principal ejecutivo de la agencia no sea un detective privado con licencia.

“La sanción puede ser de unos $5,000 o inclusive autorizar al Superintendente de la Policía a suspender o revocar la certificación o licencia para operar la agencia de seguridad y la facultad de operar la corporación”, indicó en ponencia escrita.

Por su parte, el Superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, representado por la licenciada Estrella Mar Vega, dijo que las enmiendas a la actual ley deben ir dirigidas a “separar la figura y los requisitos de conceptos tales como guardia de seguridad, compañías de seguridad, detectives privados; compañías de detectives y los requisitos para poder desempeñarse en cada una de estas categorías”.

Vega señaló que como parte de la ponencia presentada por la Uniformada, se incluyó un borrador de proyecto de ley “con una serie de disposiciones que entendemos responden al interés del Estado de regular con mayor rigurosidad la aludida industria”.

Además, recomendó enmiendas a los efectos que parte de lo que se cobra por expedir la licencia en cada una de las mencionadas categorías vaya a un fondo especial para la Policía, quien es responsable por realizar las investigaciones de campo para certificar a la persona que solicita la licencia.

El coronel Juan Vázquez Galib, informó que cada una de estas investigaciones tiene un costo de $1,200 y hay pendientes 1,346 investigaciones pendientes, las cuales tardan alrededor de uno a dos años.

Por ello, se recomendó aumentar el costo de la licencia para guardias privados a $25 de los cuales $15 serán asignados al Fondo General y $10 a la Uniformada y en el caso de los detectives privados de $150 los cuales se dividirán en $100 para la Policía y $50 para el erario.

Mientras, el Departamento de Hacienda, recomendó que no se establezca un fondo especial ya que en la actualidad la Policía cuenta con ello.

Joel Rivera Centeno, asesor técnico del secretario Jesús Méndez Rodríguez, sugirió que se establezca una cuenta especial dentro del Fondo Especial “cuya utilización sólo podrá disponer de los fondos para los fines establecidos en esta medida”.