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Corrupción en Comunidades Especiales benefició al PPD

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, se mostró sorprendida por la manera en que se atendieron las recientes acusaciones sobre el Programa de Comunidades Especiales. La líder cameral quien originó la investigación el pasado cuatrienio, catalogó el esquema como el fraude social más grande de la historia. Afirmó que más allá de las nueve acusaciones vendrán otros que tendrán que responder por este esquema. Asimismo, no descartó citar al pasado Secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos para rendir explicaciones.

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La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer A. González Colón, junto a la Presidenta de la Comisión de Asuntos de Familia, la representante Elizabeth Casado.

“Resulta sorprendente que en el día de ayer las autoridades confirmaran un fraude de cerca de $7 millones ($6,779,713,04) en el Programa de Comunidades Especiales. Entre varias cosas se detectó la malversación y apropiación ilegal de sobre $700 mil dólares, de fondos públicos y los fiscales se percataron de un despilfarro en más de $6 millones en un mal manejo de dichos fondos. Entre las acusaciones se desprende que en algunas informes aparecen comunidades a las que se le habrían invertido cantidades millonarias sin colocar un solo clavo o poner una plancha de zinc”, denunció González al manifestar que el esquema tuvo como escudo la pobreza de los humildes.

Muchos delitos cometidos por el arquitecto Ángel Cocero Cordero durante el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá, no pudieron ser presentados porque los delitos están prescritos, ya que se cometieron después del 1 de mayo de 2005, cuando entró en vigor el Código Penal de 2004, con las enmiendas que se le hicieron a la prescripción de delitos graves en relación a los contratistas, prescribiendo a los 5 años. “Esto no volverá a suceder porque nosotros nos encargaremos de revertir esto en el nuevo código que estaremos aprobando”, indicó González Colón.

“Este fraude de Comunidades Especiales donde se utilizaron a los pobres como escudo para beneficiar a los amiguitos ricos, terminó en negligencia por parte de un Departamento de Justicia que frenó la investigación referida, con la finalidad de que prescribieran los cargos.”, dijo la líder Cameral al destacar que “el juego despiadado que hubo para enriquecer a los amigos de Sila Calderón y de Aníbal Acevedo Vilá no quedará impune”.

González dijo que “este esquema de corrupción en Comunidades Especiales supera a cualquier otro esquema porque utilizaron a los pobres como excusa para defraudar al gobierno y enriquecer a los amiguitos de Sila y Aníbal. Comunidades Especiales es el peor ejemplo social vestido de corrupción y arropado por una estrategia frívola a la que no le importó la necesidad de tanta gente humilde y pobre a la que etiquetaron con enormes letreros”.

En el 2005 González Colón originó una investigación sobre el Programa de Comunidades Especiales que se creó bajo la Administración de Sila Calderón, el 1 de marzo de 2001, con el alegado fin de promover la autogestión, el apoderamiento y desarrollar, mediante un tratamiento especial, comunidades de alto nivel de pobreza, condiciones ambientales inaceptables y otros males sociales. “Sin embargo, el Programa solo sirvió para etiquetar a los pobres, para separarlos de la sociedad utilizando frases comerciales de una persona como Sila Calderón que utilizó a los pobres para beneficiarse y hacer más ricos a sus amigos y a los amigos de Acevedo Vilá”.

La Presidenta de la Cámara se mostró complacida con las acusaciones que se han presentado hasta el momento, la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia de Puerto Rico, no sin antes señalar que “esto es solo el comienzo de más acusaciones. Este esquema de corrupción bajo las administraciones de Sila y Aníbal serán encaminadas hasta su fin. El haber utilizado al Departamento de la Vivienda mediante los cuales el Ex Secretario Auxiliar de Planificación (actual Director Administrativo en la Secretaria Auxiliar de Planificación), Federico Del Monte Garrido, un miembro de su equipo, Edwin Rodríguez Díaz (Ex Coordinador del PPD en el Departamento) y uno de los proveedores de la agencia gubernamental, el arquitecto Angel F. Cocero Cordero, para defraudar al gobierno estatal es solo el comienzo”.

Asimismo, destacó la importancia de conocer por qué se paralizó dicha investigación mientras el Departamento de Justicia era dirigido por Roberto Sánchez Ramos. “No quiero pensar que se hizo con la intención de prolongar el proceso para que prescribiera el termino de acusaciones. Ante esta disyuntiva no descartamos citar al pasado Secretario del Departamento de Justicia”.

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