La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) planifica cerrar este mismo mes la oficina del servicio al cliente ubicada en Ponce Norte, la cual atiende a sobre 15,000 abonados al mes, con un recaudo de sobre $2 millones de dólares mensuales mensuales, denunció el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Luis “Tato” León.
El legislador novoprogresista arremetió contra el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea Flores, por “dejar desprovisto a miles de ponceños que ahora tendrán que hacer interminables filas para recibir sus servicios”.
“Nos oponemos tajantemente al cierre de dicha oficina. El efecto de esta errada decisión de Alicea Flores traerá como consecuencia un hacinamiento de abonados, donde toda una ciudad tendrá que ir a pagar y hacer sus reclamaciones a una sola oficina para una población de sobre 166,000 personas, en Ponce únicamente. Esto sin contar con los pueblos limítrofes. Si con dos oficinas comerciales en nuestra ciudad se hace difícil realizar una reclamación, será mucho mas difícil aun, cuando solo tengamos una oficina para dar servicios a casi un cuarto de millón de abonados”, manifestó León mediante un comunicado de prensa.
El legislador ponceño defendió la permanencia de la oficina, localizada en el centro comercial Santa María, en la avenida Las Américas, e hizo un llamado a todos los legisladores de la zona sur, los cuales pertenecen al Partido Popular Democrático (PPD), a unirse a la lucha.
“Es momento de que los senadores y legisladores que representan a esta zona denuncien este acto. Este es parte de un plan desarrollado por la actual gerencia de la autoridad para cerrar oficinas de servicio a través de toda la Isla. Aquí en Ponce no vamos a detener nuestra lucha para revocar esta nefasta decisión. Exhorto a los senadores y representantes de la mayoría parlamentaria a que, por primera vez este cuatrienio, hagan sentir su voz y denuncien esta acción”.
En una carta suscrita a presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, el representante estadista consignó su oposición al cierre que podría significar la pérdida de decenas de puestos de trabajo.
León también anunció la radicación de una resolución en la Cámara de Representantes para paralizar la “errada decisión”.
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