Se multiplican los pedidos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Irán, el ayatolá Sadeq Larijani,para que anule la orden de ejecución de un narcotraficante iraní que fue encontrado con vida en la morgue un día después de haber sido ahorcado.
El detenido identificado como Alireza M. de 37 años de edad, fue declarado muerto por un médico tras la ejecución en una prisión de gobierno en el noreste de Irán. Sin embargo, según los medios oficiales de Irán, cuando la familia del preso fue a recoger su cadáver al día siguiente, encontró con que el condenado aún respiraba.
Si bien en la actualidad Alireza se encuentra hospitalizado, un juez habría dicho que sería ejecutado nuevamente “una vez que el personal médico confirme que su estado de salud es lo suficientemente bueno”.
El abogado iraní de derechos humanos, Mohammad Mostafaei, quien se especializa en casos de pena de muerte, dijo que el presidente del Tribunal Supremo de Irán tiene el poder para detener la doble ejecución.
“Legalmente, una persona que ya fue ahorcada y sigue con vida, puede ser colgada nuevamente”, reconoció el abogado. Pero de todas formas, “en estos casos las familias de las víctimas tienen el derecho de pedir un aplazamiento de la ejecución y en el caso de que Alireza es inhumano colgarlo de nuevo”.
Un grupo de abogados iraníes firmaron una petición dirigida al presidente del Tribunal Supremo, el ayatolá Sadeq Larijani, solicitando una excepción. Incluso el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) instó a las autoridades iraníes a suspender inmediatamente la ejecución Alireza y emitir una moratoria sobre todas las demás ejecuciones.
El representante de AI, Philip Luther, dijo que “ejecutar por segunda vez a un hombre que de alguna manera logró sobrevivir a 12 minutos de ahorcamiento -que fue certificado como muerto y cuyo cuerpo estaba a punto de ser entregado a su familia- es simplemente horrible”, y agregó que la situación “revela una falta básica de humanidad”.
Según el grupo de derechos humanos, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 508 personas en 2013, incluyendo 221 ejecuciones que no han sido confirmadas oficialmente. AI afirma que la mayoría de las ejecuciones estaban relacionadas con delitos por drogas.
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