La legisladora estadista asegura hay $800 millones que pueden recuperarse.
Lourdes Ramos señaló que la renuencia de la administración García Padilla en unirse a la demanda incoada por ciudadanos contra la firma, “es un acto de ineptitud y negligencia”.
La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos expresó que mientras el Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico “se debate entre la vida y la muerte”, la administración de Alejandro García Padilla (PPD) se mantiene inerte y de brazos cruzados para atender de manera inmediata la crisis de insolvencia en que se hunde el sistema.
Ramos aseguró que la firma UBS es responsable de la debacle en el Sistema de Retiro por la fallida emisión de $3,000 millones de dólares en bonos bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá (PPD).
La legisladora novoprogresista señaló que la renuencia de la administración García Padilla en unirse a la demanda incoada por ciudadanos contra la firma, “es un acto de ineptitud y negligencia”.
Ramos indicó que si UBS acordó pagar $3.5 millones de dólares y restituir sobre $1.6 millones luego de hallazgos e irregularidades señaladas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), relacionadas con la venta y supervisión de fondos mutuos, otra multa adicional de $15 millones impuesta por la Comisión federal de Valores (SEC, por su siglas en inglés), y una multa de $7.5 millones y la restitución de casi $11 millones a unos 165 clientes por la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (FINRA, en inglés), es porque la empresa “trata de salir de sus entuertos sin asumir mayor responsabilidad”.
“Todo el mundo lo ve, pero nadie en el gobierno popular se da por aludido, mientras el Sistema de Retiro se va al precipicio”, manifestó Ramos, al insistir que tanto UBS como todos los que tramaron la quiebra de Retiro, deben responder por sus actos.
La líder estadista aseveró que con tan solo unirse a la demanda existente de jubilados contra UBS, hay la gran posibilidad de recuperar $800 millones de dólares para ingresarlos a las arcas del Sistema de Retiro sin imponer un solo arbitrio para la clase media y trabajadora.
“No sé qué detiene al Gobernador de ordenar que el gobierno se una a la demanda de Pedro J. Nazario Serrano y su esposa Juanita Sosa Pérez, cuestionó al sostener que el daño irreparable a cerca de 200,000 empleados públicos y al crédito de la Isla causados por las acciones de UBS y de otros intermediarios en el propio gobierno de Acevedo Vilá, merecen mucho más que la indiferencia y apatía que emana de La Fortaleza”, añadió Ramos.
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