La integración tiene el efecto de prohibir la venta de armas y municiones en los Estados Unidos a personas con historial criminal en Puerto Rico, evitando que más armas sean introducidas en Puerto Rico para cometer delitos.
El secretario de Justicia, César Miranda durante la conferencia de prensa en la que se anunció el primer envío de NICS a las autoridades federales.
El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció hoy jueves que se detuvo la venta de armas a 32 sujetos que intentaron adquirirlas en armerías de los Estados Unidos gracias a que Justicia logró establecer una comunicación entre los sistemas de información criminal de Puerto Rico y Estados Unidos.
Se trata del envío de 9,345 fichas de información de sujetos que, por ejemplo, enfrentan cargos criminales, son adictos a drogas o han sido acusados por violencia doméstica.
Estos datos forman parte del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés), adscritos al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Virginia.
“Esta es una integración histórica ya que, por primera vez, Puerto Rico se conecta de forma directa con las bases de datos de los NICS, conexión que nunca antes se había realizado en tiempo real con los sistemas federales. Además, es una poderosa herramienta para continuar combatiendo el crimen, renglón en el que hemos logrado una reducción histórica en los pasados dos años”, expresó el Secretario.
La integración tiene el efecto de prohibir la venta de armas y municiones en los Estados Unidos a personas con historial criminal en Puerto Rico, evitando que más armas sean introducidas en Puerto Rico para cometer delitos. Con ello, la Isla comienza a cumplir Ley Brady de 1993, que establece que aquellos que tengan la licencia federal para manufacturar y vender armas utilicen la base de datos para verificar la elegibilidad de la persona.
Entre las personas que se establecen como inelegibles para enviar, transportar, recibir o poseer cualquier tipo de armas están: los fugitivos de la justicia; los que han sido convictos en corte por un crimen al cumplimiento de más de un año de cárcel; es adicto a sustancias controladas; ha sido ingresado a una institución mental; ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas de manera deshonorable; ha sido convicto en corte por cargos de violencia doméstica; es sujeto de una orden judicial que le restringe acercarse a ciertas personas; entre otros.
Unos $750,000 dólares en fondos federales han sido destinados para cumplir con la integración de los módulos que permitirán el envío de alrededor de 300,000 datos a los NICS. Se espera que el envío culmine en el 2017.
Esta iniciativa forma parte de la tercera fase del Registro Criminal Integrado (RCI), creado para manejar efectivamente el volumen de casos criminales generado en las fiscalías de toda la isla, a la vez que provee el historial criminal de los imputados de delitos.
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