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Recomiendan legislar para evitar se repita caso Hacienda-Doral

La Comisión de Seguridad Pública y Para el Desarrollo de Iniciativas Contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara de Representantes, presidida por el representante José Báez Rivera (PPD), llevó a cabo ayer martes la segunda vista pública para atender la Resolución de la Cámara 1071, que investiga la transacción por la cual Doral Bank reclama un reembolso de $229.8 millones de dólares al Departamento de Hacienda.

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El representante José Báez Rivera (PPD) resaltó como dato sumamente «interesante» que al funcionario que trabaj‎ó con todos los acuerdos relacionados a Doral desde el 2004 hasta el 2013 no se le notificó sobre el acuerdo firmado en marzo de 2012.

Durante los trabajos, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló (PPD), planteó que es necesaria una legislación que asegure la transparencia cuando el Departamento de Hacienda entra en una transacción que puede afectar al erario público y lo que el pueblo aporta para el funcionamiento del gobierno. Asimismo indicó que “en esta transacción particular, hay unos elementos que son los que llaman la atención porque donde el ex secretario está trabajando ahora, quien dice que se inhibió y no tuvo nada que ver con la transacción de una gran cantidad de millones de dólares, terminó siendo vicepresidente de esa organización”,‎ de este modo, sentenció que hay que dejar claro mediante esta investigación las dudas que surgen de la transacción del 2012 para luego establecer legislación “para que estas cosas no vuelvan a suceder”.

A preguntas de Perelló, el exsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig recomendó “que se legisle para establecer unos parámetros en cuanto a transacciones que excedan un monto; tal vez que se lleve a una junta. Una de las formas y tengo que hacer referencia al Servicio Federal de Rentas Internas (IRS), en donde existe una comisión que revisa las actuaciones del Comisionado y a la misma vez le sirve al Comisionado como de grupo asesor”.‎

“Eso le añadiría la transparencia que usted ha mencionado y a la misma vez mantiene la confidencialidad de los datos que ese contribuyente tiene ante el Departamento, y tal vez sería recomendable en estos momentos para que el pueblo de Puerto Rico mantenga la confianza que tan necesaria es en esa Institución”, indicó el deponente.‎

Otras de las recomendaciones que presentó Puig, es que se desligue la posición del Secretario de Hacienda, con la función de rentas internas, de modo que se añada transparencia en este tipo de acuerdos, ya que una vez estudiada la transacción se remitiría para su aval al secretario, quien no juzgaría los pormenores del acuerdo.‎

El funcionario añadió que de haberse presentado ante su consideración una transacción de este tipo, lo hubiese consultado con el equipo económico (compuesto entre otros por: el Secretario de la Gobernación, el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento) del gobierno que se reunía todas las semanas, debido al impacto que representa al Fondo General.‎‎

Ante ello, el representante Báez Rivera, sostuvo que ante estas manifestaciones “…lo que me hacen pensar es que ciertamente los que otorgaron este acuerdo, entiéndase la subsecretaria de Hacienda, Blanca Álvarez no podía haber tomado una decisión como esa sola porque era demasiada responsabilidad y demasiado peligrosa para el Fondo General”.

Otro de los deponentes a la vista lo fue Jorge L. Carrasquillo, funcionario con 16 años de experiencia en el Departamento De Hacienda, trabajando específicamente con acuerdos realizados por Hacienda. Ante preguntas del representante Báez Rivera, Carrasquillo indicó que participó de todos los acuerdos en récord entre Doral y Hacienda, desde 2004 al 2013, a excepción del acuerdo del 2012.‎

En un aparte, el representante Báez Rivera resaltó como dato sumamente «interesante» que «al funcionario que trabaj‎ó con todos los acuerdos relacionados a Doral desde el 2004 hasta el 2013 no se le notificó ni antes, ni durante, ni después sobre el acuerdo firmado en marzo de 2012. Eso, al menos a mi, me levanta interrogantes. Además me parece sumamente importante el que el señor Carrasquillo haya dejado estipulado que el acuerdo firmado en 2013 no tiene nada que ver no se relaciona en nada a los acuerdos previos firmados entre Hacienda y Doral».

Finalmente Báez Rivera dijo que «la vista fue una sumamente productiva‎. Logramos obtener información valiosa para efectos de la investigación tanto de parte del exsecretario Puig como del señor Carrasquillo, ya que ambos conocen los procedimientos internos de Hacienda y, en el caso de Carrasquillo, ha tenido que trabajar directamente con los acuerdos entre Doral y Hacienda, aunque no con el acuerdo por $229 millones, pero sí en todos los demás. Este es nuestro deber: aclarar todo lo relacionado a este acuerdo para asegurar que tenemos la legislación necesaria para asegurar el interés del pueblo de Puerto Rico y, si se demuestra que no es así, pues estaremos sometiendo legislación a esos fines.»

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