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OGP rechaza señalamientos del jefe de la Guardia Nacional

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) rechazó las expresiones del Ayudante General de la Guardia Nacional, Juan Medina Lamela en vistas públicas de presupuesto reseñadas en la prensa de hoy, en cuanto a la pérdida de fondos federales por inacción de la OGP y de La Fortaleza en aprobación en los contratos.

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El director de la OGP, Carlos Rivas Quiñones sostuvo que los mencionados contratos fueron aprobados por su agencia un día laborable luego de haber sido recibidos.

«Los 148 contratos de referencia se sometieron a la OGP el día sábado 27 de septiembre de 2014, y fueron aprobados por la OGP el lunes, 29 de septiembre. O sea, que luego de sometidos, fueron aprobados en un día», expresó el director de la OGP, Carlos Rivas Quiñones mediante comunicación escrita.

La Guardia Nacional declaró en la Comisión de Hacienda de la Cámara que perdió millones de dólares provenientes de fondos federales debido a que OGP no actuó con premura en el trámite de la otorgación de contratos.

El Ayudante General de la Guardia Nacional sostuvo que envío a la OGP varios contratos de bienes y servicios, que serían sufragados por fondos federales, para su autorización y firma para antes del 30 de septiembre. Al esto no ocurrir, se perdieron millones de dólares que al no poder ser usados, tienen que devolverse al gobierno federal lo que amenaza con no ser otorgados para el próximo año fiscal.

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El jefe de la OGP indicó que «más aún, el retraso de la Guardia Nacional en someter los contratos se debió a la negativa de la OGP en aceptar proyecciones de sobregiro presupuestario. Esto, debido a que el sobregiro proyectado por la Guardia Nacional es atribuible en su totalidad a la implantación de un plan de clasificación (o sea, aumentos a todos los empleados) en mayo de 2014, incluyendo aumentos a los empleados de confianza en un 20-30%, que aumentó la nómina de la agencia en un 20%. Este plan, que fue aprobado en su inicio por la pasada administración y ratificada por esta administración en enero de 2013, 16 meses previo a su implantación, al momento de su ejecución fue en clara violación de la política pública y de una carta circular que ya había emitido la OGP en reacción a la degradación del crédito del país, en la que se prohíben aumentos colectivos generales que no sean mandatorios por convenio colectivo. Más aún, los aumentos fueron implantados por la Guardia Nacional posterior a la presentación de su presupuesto recomendado, que aunque razonable claramente no proveyó fondos para el mismo, y de la radicación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal».

“Toda agencia del ELA, opere o no con fondos federales, tiene la obligación de cumplir con el presupuesto asignado y con el mandato de austeridad y prudencia del señor Gobernador. Esta oficina velará estrictamente por el cumplimiento de esa política pública, y no tenemos fondos para cubrir acciones contrarias a la misma. Cada jefe de agencia debe asumir su responsabilidad por las acciones y decisiones que tome”, terminó diciendo Rivas Quiñones.

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