Demandan al gobierno jueces de salas de adopción despedidos

Un grupo siete de jueces de Derecho Administrativo  para atender los casos de adopción, custodia y pensión, entre otros casos en el Departamento de la Familia (DF), radicaron una demanda por despido injustificado contra el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (PPD); la secretaria del DF, Idalia Colón Rondón y a otros funcionarios por lo que solicitan una indemnización de $1 millón de dólares para cada uno.

En la demanda radicada por siete jueces administrativos destituidos, solicitan una indemnización de $1 millón de dólares para cada uno.

La demanda radicada en el Tribunal de Estados Unidos Distrito de Puerto Rico fue incoada por los jueces destituidos Ileana Inserni Colón, Jovita Jiménez Marcial , Carlos Limardo Ortíz , Giselle Ruiz Soler, Beatriz Torres Torres, Margarita R. Medina Sotomayor, y José J. Vargas Santiago.

Lea la demanda (Inglés)

Durante el pasado cuatrienio, por medio de la Ley 248, del 14 de septiembre del 2012, se creó las salas administrativas para atender no solamente procedimientos de adopción, sino también procedimientos de maltrato de menores, y procedimientos ancilares, de forma expedita.

Los demandantes señalan que al momento de considerarse la medida en la legislatura, el actual gobernador Alejandro García Padilla era senador y este votó a favor de la creación de las plazas de jueces que luego destituyó al llegar a la gobernación. Mientras que acusaron a la secretaria de la Familia, de despedir abruptamente a los jueces, alegadamente sin justificación o base alguna.

Los jueces destituidos atribuyen a su afiliación política como la cause de que se les separara de sus plazas y pusieron como ejemplo los casos de los Procuradores de la Salud, Veterano, y el Impedido, y al Presidente de la Comisión Industrial, a los que la presente administración intentó también separar de sus posiciones presuntamente por éstos haber sido nombrados por el exgobernador, Luis Fortuño (PNP).

La nueva ley, conocida como la Ley de Procedimientos Administrativos Expeditos para el Bienestar de la Niñez, buscaba según se anunció en su origen, aliviar la carga de las salas de familia en los tribunales del país. Las salas tendrían “jurisdicción concurrente” con los tribunales de primera instancia para resolver controversias relacionadas con privación, patria potestad y maltrato, entre otros casos dispuestos en la ley. Las 10 nuevas salas administrativas estaban adscritas al Departamento de la Familia.

“Sin embargo, desde sus nombramientos como jueces de derecho administrativo hasta julio de 2014, cuando fueron despedidos los demandantes habían desempeñado sus funciones con la más altas consideraciones sin evidenciar que hayan incurrido en negligencia alguna. Ninguno de los jueces demandantes fueron amonestados, sancionados, disciplinados, ni hubo acción o reclamación presentada contra estos, por lo que, los despidos realizados por la Secretaria del Departamento de Familia, no tienen justificación alguna que no sea de índole político porque todos eran identificados con el partido de gobierno”, expresa la demanda radicada por el licenciado Jean Philip Gauthier-Iñesta.

Los demandantes exigen un $1 millón de dólares cada uno, por los daños que alegan fueron causados por la presunta violación de sus derechos bajo la Constitución de Estados Unidos, así como la Constitución de Puerto Rico, en especifico, el derecho de cada uno de los demandantes al debido proceso de ley. Asimismo, los demandantes buscan ser restablecidos en sus posiciones como jueces de derecho administrativo.