Evalúan el que se mida científicamente la seguridad alimentaria en la Isla

La Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara de Representantes, presidida por Jesús Santa Rodríguez (PPD), atendió en vista pública las ponencias de varios titulares del Gobierno que expusieron su opinión y recomendaciones a una medida presentada por el representante Manuel Natal Albelo (PPD), que propone enmendar la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a los fines de incluir la medición de seguridad alimentaria de los puertorriqueños en las encuestas que realiza el Negociado de Estadísticas.

El representante Jesús Santa Rodríguez (PPD) reconoció la importancia de que se establezca la política pública necesaria para garantizar la seguridad alimentaria del país.

La encuesta sería diseñada por la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

La Secretaria del Departamento de Agricultura (DA), Myrna Comas, en su ponencia destacó el estado de vulnerabilidad de las cadenas de suministros de alimentos de los puertorriqueños. Como resultado de un estudio conducente a su grado doctoral, “quedó en evidencia la posición de inseguridad alimentaria en la que se encuentra nuestra Isla desde las dimensiones de disponibilidad y estabilidad de los sistemas de producción y distribución”, reza la ponencia.

En síntesis, el estudio revela que Puerto Rico depende de alimentos importados desde países tan distantes como China, Canadá, Nicaragua, México, Brasil y República Dominicana. Específicamente, el país importa el 100 por ciento de los cereales, grasas y azúcar; más del 90 por ciento de las legumbres, pescados, mariscos, sopas y especias; más del 80 por ciento del café, cacao y té, hortalizas carnes y frutas. En efecto, en el país no se producen los alimentos que conforman la canasta básica de los puertorriqueños, que constituyen arroz, habichuelas y menos del 20 por ciento de las carnes. El DA favoreció la medida, ya que propiciaría el desarrollo de un sistema de medición continua que permitiría evaluar la seguridad alimentaria del hogar y se crearía una política pública que se atempere a la realidad del país y permita medir la efectividad de los programas.

Asimismo, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi Santiago, favoreció la medida, condicionada a una enmienda adicional que incluya que sea el Instituto el que coordine y apruebe la metodología de estas encuestas suplementarias. Marazzi llamó la atención al hecho de que este tipo de sondeo depende del análisis de otras variables, y se desconoce el costo de su aplicación, que podría ser elevado.

Por su parte, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, instrumentalidad que tendría la responsabilidad de adoptar la encuesta modelo sobre seguridad alimentaria, expresó que la dependencia no cuenta con los recursos ni dinero adicional para solventar el costo de incluir esa medición.

Santa Rodríguez reconoció la importancia de que se establezca la política pública necesaria para garantizar la seguridad alimentaria del país. “Para ello, es esencial que se conozca el perfil sobre la seguridad alimentaria de nuestro país y el acceso de los hogares a los alimentos. Sabemos que el DA tiene planes para producir alimentos que complementen la canasta alimentaria de los puertorriqueños, y que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y el DTRH poseen el peritaje para asesorar en la coordinación y aprobación de la metodología de las encuestas que sean aprobadas”.

El representante Santa Rodríguez hizo énfasis que en Puerto Rico, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, no se mide la seguridad alimentaria. Inclusive, según reza el proyecto, el instrumento de medición que se utiliza en Estados Unidos a través del Departamento de Agricultura federal (USDA) no es extensivo a Puerto Rico. “Por ello, es importante que midamos cuáles son las áreas geográficas y cuáles los grupos demográficos dentro de dichas áreas que sufren inseguridad alimentaria en el país. Estas consideraciones deben impulsar la creación de política pública para proyectar una mayor independencia y sustentabilidad alimentaria en la eventualidad de una merma o aumento en precio en la producción de los productos”, concluyó Santa Rodríguez.

La medida también fue respaldada por la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.