Proponen crear comité para revisar guías de pensión alimentaria

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Vargas Ferrer anunció en conferencia de prensa la presentación del Proyecto de la Cámara 2077 que propone, entre otras cosas, la creación de una Comisión Multisectorial de 15 personas que estarían a cargo de analizar y aprobar las guías de pensiones alimentarias que prepare la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Vargas Ferrer señaló que mediante el proyecto se crea una Comisión de 15 miembros que serán designados por todos los poderes constitucionales, entiéndase el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la propia ASUME.

“Lo que interesamos con esta Comisión es crear un mecanismo independiente que estará a cargo de analizar y aprobar las guías que prepare la ASUME, con el fin de cerciorarse que las mismas cumplan con unos parámetros mínimos de política pública que se establecen en la Ley. No se le resta la facultad a la ASUME de preparar las guías, todo lo contrario, se sigue reconociendo su peritaje sobre el tema. No obstante, debido al alto interés público que revisten las guías sobre el País, debe ser política pública integrar a todas las ramas de gobierno y a otros sectores profesionales, académicos y privados en la discusión”, puntualizó el legislador.

Actualmente la Ley en Puerto Rico le delega ampliamente a la ASUME todo lo relacionado con la preparación y adopción de las guías para fijar pensiones. Solamente le requieren que lo coordine con la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que éstas se hagan a base de unos criterios numéricos y se sometan a un proceso de vistas públicas. En términos de legislación federal, mediante la Ley Federal “Family Support Act of 1988”, se requiere que las guías deben considerar datos económicos sobre el costo de la crianza de los menores, al igual que una muestra de casos para determinar su aplicación y el efecto de potenciales desviaciones.

“Mediante el proyecto se crea una Comisión de 15 miembros que serán designados por todos los poderes constitucionales, entiéndase el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la propia ASUME. Así garantizamos la participación de todas las esferas del gobierno. También se incluyen a un padre o madre custodio, un padre o madre no custodio, un padre o madre que tenga custodia compartida, un padre o madre de un hogar intacto. Con la inclusión de estos miembros nos aseguramos que todas las estructuras familiares estén representadas en la Comisión. De igual manera, se incluyen un juez de relaciones de familia, un juez administrativo, un CPA, un abogado litigante, el Administrador de ASUME, el Director Ejecutivo de la OAT, oficiales examinadores, especialistas en pensiones y dos miembros de la Asamblea Legislativa”, indicó Vargas Ferrer.

En la medida presentada se resalta que en Puerto Rico, contrario a la práctica de la mayoría de los estados, se le delega a una agencia del ejecutivo, como la ASUME, la preparación de las guías. En 25 estados recae sobre las legislaturas estatales el establecimiento de las guías, en 18 se establecen mediante acción judicial y solamente en siete 7 se determinan mediante una agencia. Por ejemplo, en el Estado de Colorado, la legislatura estatal le delega a una comisión el establecimiento de las guías de pensión de alimentos. Los miembros de la comisión son designados por el Poder Ejecutivo y Legislativo y se establecen unos parámetros que deben regir el proceso de preparación y adopción de las guías.

“Creemos firmemente que debemos ampliar la participación de todos en esta discusión por el amplio impacto que tiene sobre la vida de las familias en Puerto Rico. Esa realidad lo refleja una serie de datos importantes como lo es que entre el 2009 al 2013, en los tribunales de Puerto Rico se radicaron 43, 261 casos de alimentos, lo que representa un 31.9% de la totalidad de los casos de familia. Por otro lado, la ASUME, según datos de 2013, tiene abierto 227,870 casos, de estos 28,138 son casos intergubernamentales que se trabajan con otra jurisdicción. Incluso, para el año fiscal federal 2013, la ASUME recaudó $364,500,625 en pensiones alimentarias. Esto significa que procesa aproximadamente $1 millón de dólares diariamente en pensiones alimentarias”, añadió el legislador.

Uno de los aspectos de la legislación propuesta es fijar unas fechas específicas para que se revisen las guías; esto, según el legislador, para evitar que no vuelva a ocurrir los atrasos como se experimentó con las guías vigentes y que las vistas públicas no se celebren en los Centros Judiciales ni en las oficinas regionales de la ASUME como ocurre ahora, sino que se celebren en facilidades municipales como alternativa.

Otro aspecto del proyecto lo es la inclusión del concepto Pensión Alimentaria Adicional. Sobre este asunto el legislador indicó: “En atención al interés del Estado de que la persona no custodia cumpla con la manutención de sus hijos, se incorpora el concepto de Pensión Alimentaria Adicional, que tiene como objetivo asegurarnos que la persona obligada a pagar pensión no oculte ingresos de forma intencional para afectar el cómputo de la pensión. En caso de que lo haga, se le reconoce la facultad discrecional al juzgador de imponer una pensión adicional equivalente a un 10% a la pensión básica y suplementaria si se evidencia que la ocultación de ingresos se hizo de forma intencional. En caso de imputarse, no podrá extenderse por más de 12 meses consecutivos.”

Finalmente, Vargas Ferrer resaltó la inclusión de la definición de dependiente, como todos aquellos hijos del alimentante y la política pública de no discriminar en cuanto a estos. “En ese sentido para garantizarlo, se requerirá legislativamente que la fórmula para calcular pensión alimentaria básica debe incluirse un ajuste para incorporar todos los hijos, sin excepciones. De igual forma, se excluyen de la definición de ingresos, los reembolsos y subsidios que reciben los militares activos como parte de una relocalización.”